En el intertanto, el actor cambió a su hija de colegio y vendió el inmueble familiar. Asimismo, la cónyuge renunció a su empleo.
La no renovación o el término anticipado de una contrata es facultad discrecional de la administración.
Si bien la demandante fundó su acción de tutela en la violación de las garantías constitucionales a la integridad psíquica y a la honra, el tribunal solo acogió la acción deducida en base a la primera de éstas.
El actor consideró vulneradas sus garantías constitucionales a la vida y a la integridad física y psíquica, vulneraciones que lo habrían llevado a poner término a la relación laboral a través del autodespido.
La demandante fundó su acción de tutela en la violación de las garantías constitucionales a la integridad psíquica y a la honra.
La actora consideró vulneradas sus garantías constitucionales a la integridad psíquica y a la honra.
La demandante fundó su acción de tutela en una presunta vulneración de las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19, N° 12 y 24, así como en el artículo 2 del Código del Trabajo.
Se logró establecer que el actor fue despedido en represalia de la labor fiscalizadora efectuada por la Inspección del Trabajo.
La decisión fue adoptada con la prevención del Ministro Blanco.
La actora se desempeñó durante nueve años en la Defensoría Penal Pública.
