El fallo afirma que la conducta abusiva de la demandada impacta en su emocionalidad y tranquilidad sicológica, mermando su dignidad como persona. Agrega que la Institución ha atentado severamente en contra de su integridad psíquica, al establecer la existencia de responsabilidades suyas por hechos de falta de probidad.

El máximo Tribunal descartó error jurisprudencial en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primer grado que rechazó la caducidad de la acción.

El máximo Tribunal desestimó la acción deducida en contra de la sentencia, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que confirmó la de primer grado que ordenó al Servicio de Salud de O’Higgins, pagar al trabajador una indemnización total de $11.080.678.

El Tribunal estableció que en la especie, el demandante aportó indicios suficientes para comprobar que su desvinculación se produjo por negarse a firmar anexo de contrato para rebajar su sueldo a la mitad.

El Tribunal de alzada descartó infracción en la sentencia recurrida, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió parcialmente la demanda.

El Tribunal de alzada descartó error de jurisprudencia en la sentencia atacada, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda.

El Tribunal de alzada ratificó la sentencia recurrida, dictada el 24 de junio de 2021, que acogió la demanda por vulneración de derechos respecto de daño a la integridad psíquica y la honra de las afectadas.

El Tribunal estableció que se vulneró la seguridad de los trabajadores de la empresa al eliminar medidas, cargos de asistentes en ruta y la posta de conductores en los trayectos de larga distancia, por supuesta protección para el Covid 19.

El Tribunal condenó a la parte demandada “declarándose que se vulneró conforme a las motivaciones del fallo el derecho a no ser discriminado por razones de salud o enfermedad, al disponerse la no prorroga de contrata por la resolución exenta N°4202 de fecha 28 de noviembre del año 2019 de la Directora Nacional del Servicio Nacional de Menores”. 

El Tribunal estableció la existencia de relación laboral entre las partes, bajo vínculo de subordinación y dependencia, entre el 7 de noviembre de 2019 y el 4 de febrero de 2020, “cumpliendo labores de presentador de productos de salud y venta y la de repartidor de folletos promocionales, siendo despedido sin expresión de causa”.