Se ha generado la «sospecha razonable» en el Juzgador que le permite estimar que efectivamente el demandante fue despedido producto de su estado de salud.
Los trabajadores de la empresa consideran que el ambiente laboral es malo y que la supervisora ejerce un trato autoritario al extremo de generar un clima laboral hostil.
Es una realidad frecuente la desvinculación de empleados y trabajadores del sector público cada vez que cambian los gobiernos.
La decisión fue acordada con la prevención de los Ministros Brito y Muñoz, quienes no comparten el razonamiento relativo al aprovechamiento del propio dolo por parte del empleador.
El Tribunal declaró que el daño moral se produce desde el momento en que la justificación dada para el no pago de un emolumento es ambigua y no queda demostrada.
La decisión de traslado de prestación de servicios no se encuentra basada en la idoneidad personal de la trabajadora.
La aplicación de la causa de despido derivó de un error administrativo dado por el sistema de información que mantiene un tercero ajeno a la empresa.
La causal genérica de incumplimiento grave de obligaciones, exige actos finales y no una potencial infracción a las estipulaciones convenidas.
Se vulneró la libertad de trabajo, es específico, se agrede el derecho a la contratación y en especial la protección del trabajo.
La demandada efectuó discriminación en el trato remuneracional y afectó la integridad síquica de la demandante durante la relación laboral.
