El Tribunal acogió la denuncia presentada en contra de la I. Municipalidad de Santa María, y estableció la existencia de vulneración al derecho fundamental a la integridad psíquica.

Se condenó a la Universidad al pago de más de 29 millones de pesos y nombrar a una de las salas donde se impartan clases en el Departamento de Música con el nombre de la Profesora.

El trabajador fue despedido verbalmente por su empleador, luego de presentarse a su lugar de trabajo concluido su periodo de licencia médica.

Existieron requerimientos de carácter sexual, expresados en una búsqueda insistente de contacto con la demandante.

La denunciada sometió al actor a un test psicológico sin causa aparente, infringiendo la normativa legal.

No son imputables a la denunciada los hechos que motivan tanto la denuncia como la causal de caducidad del contrato de trabajo invocada por la demandante.

Se condenó a pagar indemnización sustitutiva de aviso previo, indemnización por años de servicios y recargo del 50% por no haberse invocado causa legal para el despido.

La desvinculación se debió a una discriminación política en contra del trabajador.

La decisión de despedir se tomó en base a una grabación de audio, en la que se dice se oía la voz de un niño que respondía preguntas de un adulto.

Se tuvo por establecida la conducta sexual indebida perpetrada por el actor en la persona de otra trabajadora.