Arguye el fallo que se probaron todas las circunstancias adicionales como reveladoras de la voluntad empresarial de represaliar el legítimo ejercicio del actuar de la demandante al solicitar la actuación de la Inspección del Trabajo.

En su sentencia, adujo el Tribunal Laboral que “es la prueba testimonial de la propia denunciada la que nos da la respuesta: tal y como lo afirma el actor en su demanda, éste fue despedido por sus problemas de salud mental (…)”.

Aduce el fallo que no basta con que el empleador señale que se preocupó de cumplir con los requisitos del artículo 381 del Código del Trabajo, respecto de la última oferta, ya que esta atribución excepcional se debe producir en la secuela del proceso de negociación colectiva, nunca antes.

El segundo Juzgado de Letras de Santiago acogió una acción de tutela laboral interpuesta por un ex trabajador contra la empresa Claro Chile S.A., con ocasión de su despido injustificado.

Expone el fallo que el juez penal ordinario vulneró el derecho fundamental a la jurisdicción especial indígena, al juez natural y al debido proceso, al no elevar en su momento un conflicto de competencias ante el Consejo Superior de la Judicatura.

El lanzamiento contó con la participación y los comentarios de la Ministra del Trabajo, Javiera Blanco, de la Presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, y del sacerdote jesuita Felipe Berríos.

En su sentencia, adujo el Tribunal laboral que, de los antecedentes de autos, la acción de la empleadora vulnera la exoneración de las trabajadoras amparadas por la protección legal el derecho fundamental de la libertad sindical.

La recurrente estimó vulnerados los derechos fundamentales descritos en el artículo 485 del Código del Trabajo, toda vez que sostuvo que la verdadera causa de su despido fue una represalia por su participación en la fiscalización de la Inspección Provincial del Trabajo.

El Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel acogió una acción de tutela laboral deducida por una ex trabajadora en contra de una sociedad educacional.

Estimaron los recurrentes que las entidades demandadas han vulnerado sus derechos fundamentales a la dignidad humana, la igualdad, la participación y la consulta previa, la propiedad colectiva y el derecho a no ser desplazados de sus territorios, entre otros.