El recurrente estimó vulneradas las garantías correspondientes al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, la prohibición constitucional de discriminación laboral y el derecho a la honra personal.
Arguye la sentencia que la Policía Nacional tiene el deber de intervenir en situaciones en las que se evidencie la puesta en marcha de actuaciones que denoten un contenido sexual propias de desarrollar en la esfera íntima y privada de todo ser humano y no en espacios públicos.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Astudillo, quien estuvo por rechazar en todas sus partes la excepción de falta “legitimación activa” opuesta por el banco denunciado.
El Juzgado del Trabajo resolvió acoger la acción por despido injustificado al considerar que la demandada no acreditó en juicio la existencia de la causal de despido ni sus fundamentos fácticos.
Concluye el Tribunal laboral expresando que la causa de la discriminación está en la participación activa de los trabajadores en la huelga legal.
La Corte Suprema, en alzada, confirmó el fallo en todas sus partes y sin declaración la sentencia de primer grado.
La recurrente consideró arbitrario el actuar del Municipio, por cuanto señaló que sin notificación previa y en medio de un despliegue mediático, se decretó la clausura del establecimiento comercial en donde ejercía su actividad hace más de 15 años.
Se acogió un recurso de amparo en contra de la Comunidad de Madrid, deducido por una mujer que no pudo tomar posesión de una plaza al mismo tiempo que sus compañeros de promoción, por coincidir la fecha de inicio del curso con el nacimiento de su hijo.
Concluye el fallo arguyendo que no existe una razón jurídica valedera para excluir de su aplicación a toda una categoría de trabajadores.
En el marco de un recurso de agravio constitucional interpuesto contra una resolución expedida por la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el TC de Perú declaró nulo el despido de un trabajador ordenando su reincorporación.
