La decisión de la recurrida de no renovar las patentes de alcoholes de la recurrente no se ajusta al deber de motivación de los actos administrativos que prescribe la Ley N°19.880, por cuanto la fundamentación contenida en la resolución aparece como vaga, genérica, y por ello arbitraria al tenor de las normas legales, por lo que además deviene en ilegal.

La modificación de permiso de obra nueva que se impugna no altera de manera alguna el uso de suelo residencial, y el titular del permiso de edificación original se encontraba facultado para cambiar el destino del proyecto a hospedaje (Apart Hotel) sin servicios anexos, porque aquel no se encuentra expresamente prohibido.

El Instituto de Salud Pública, conforme al artículo 59 del DFL N° 1 de 2005, tiene entre sus funciones el control de calidad de medicamentos y productos sujetos a control sanitario. La información solicitada se encuentra en una carpeta administrativa oficial del organismo, aplicando el principio de transparencia establecido por la Ley de Transparencia y la Constitución, que presume pública la información en poder de los órganos del Estado, salvo excepciones legales.

Existe así una falta de servicio evidente puesto que la actividad esperable de una institución sanitaria ante tan grave enfermedad no fue desplegada, por el contrario, queda en evidencia un funcionamiento defectuoso, sin que pueda calificarse la conducta desplegada por los profesionales médicos que atendieron al actor como ajustada a la lex artis médica.

La actora no puede pretender con el solo de una absolución de posiciones pretender exonerarse de su deber de prueba, ya que estimar lo contrario, y darle mérito para acreditar los hechos a la prueba confesional, podría constituir una hipótesis de abuso del derecho.

La ministra instructora del máximo Tribunal acogió la extradición a su país de un ciudadano colombiano y dispuso su entrega inmediata, no obstante, en alzada, la Corte Suprema indico que previo a ser entregado a la justicia colombiana, el requerido debía concluir un proceso penal pendiente en Chile, al intentar sobornar a un agente policial que controló su identidad.

Al reconocer la recurrente que ha incumplido su obligación de pagar los aranceles vigentes y vencidos, obra correctamente la recurrida, sin ilegalidad o arbitrariedad, al remitirle el correo por medio del cual se le recuerda lo señalado en el artículo 106 del Reglamento Académico, notificándosele la imposibilidad de inscribir asignaturas o asistir a clases en la calidad de alumna oyente, por lo que sólo es posible concluir que la actuación de la universidad se ha ajustado a derecho.

La actuación de la recurrida no puede calificarse de antojadiza o falta de razón, por lo que no concurre el presupuesto básico de procedencia de la acción de protección, siendo imperativo su rechazo, tanto por dictarse el Decreto Exento impugnado con base en antecedentes técnicos y económicos que fundaron el término de la contrata del recurrente, como por ser evaluada en su mérito la fundamentación por la Contraloría con ocasión de la reclamación deducida por el protegido, y arribar a la conclusión de que la decisión se encontraba debidamente motivada.

La necesaria determinación de labores implica que estas deben tener una misma naturaleza en la forma concreta en que se prestan dichas labores, lo que no se cumple desde el momento en que no se delimita la naturaleza del producto o género de productos que el trabajador ofrece, envasa y valoriza, lo que se ve ratificado en el hecho de que las labores se desarrollan en diferentes secciones especializadas dentro del supermercado.

La conducta desplegada por la trabajadora demandante, reconocida por esta, resulta perfectamente subsumible en la hipótesis de la letra a), del N° 1, del artículo 160 del Código del Trabajo, en tanto supone un quebrantamiento intencionado de la obligación de marcar asistencia al lugar de trabajo, respecto de la cual no puede sino tenerse conciencia de su carácter infractor.