Lo anterior, luego de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional parcialmente el artículo 38 ter de la Ley 18.933 que rige esta materia, señala la Corte Suprema en su fallo.

El máximo tribunal declaró inadmisible la acción por encontrarse extemporánea.

Un matrimonio dedujo recurso de protección en contra de la Directora Regional del Servicio Nacional de Menores de la Región de Aysén, quién emitió un certificado que califica a los recurrentes como no idóneos para acceder a la adopción de un menor, lo que estiman contrario a la igualdad ante la ley y al respeto […]

El objeto de la sociedad recurrente “es la inversión en toda clase de bienes muebles incorporales e inmuebles corporales e incorporales, administrarlos y percibir sus frutos y rentas, pudiendo además realizar todas las operaciones o negocios que los socios acuerden, actividades que importan la obtención de lucro o ganancia.”

(…)Las municipalidades tienen el deber de administrar los bienes nacionales de uso público ubicados dentro de su comuna; y que tal obligación comprende “no solamente aquello que concierne al cuidado y conservación de dichos bienes en función de mantener la integridad del patrimonio público, sino también todo lo que tienda a precaver lesiones en su integridad corporal y daños en cosas de su propiedad a las personas para cuyo uso han sido destinados”.

La cláusula “mientras sean necesarios sus servicios” está en completa “armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata…

La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió la acción constitucional, al constatar que la situación de hecho vulnera las garantías constitucionales invocadas en el recurso y debe ser “corregida a través de esta vía excepcional” con el único objeto de “revertirla al estado anterior, sin perjuicio de los derechos de ambas partes para recurrir al Tribunal Civil competente para solucionar el conflicto”.

La medida no responde a un mero capricho “sino a una decisión fundada en la recomendación de un órgano técnico, dentro de un procedimiento que contempla bilateralidad y posibilidad de impugnación”.

“aceptar, compartir y no impedir, pudiendo hacerlo, el escrutinio público al cual fueron sometidos los menores”, se vulneran las garantías constitucionales que a éstos se les asegura en el artículo 19 N°s. 1 y 4 de la Carta Fundamental.

Diversas empresas dedujeron recurso de amparo económico en contra del Ministerio de Vivienda y Urbanismo por la dictación del Reglamento del Registro Nacional de Instaladores, Mantenedores y Certificadores de Ascensores (D.O., 9 junio 2010). Estiman que ésta preceptiva vulnera su derecho a emprender libremente actividades económicas, pues establecería requisitos para desempeñar la actividad de instalación […]