“el mismo texto legal aborda en su artículo 10 el tema de la permanencia en esta última clase de cargos, estableciendo que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley; esto es, está implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata antes de la fecha recién indicada”.

Más allá entonces de la patología base que la afectaba –señala el fallo- fue la falta de atención o cuidado a la paciente lo que permitió que ésta sufriera el accidente que provocó su muerte.

«En este aspecto parece necesario dejar especial constancia, que los recurrentes reconocen de forma expresa este específico requisito, desde el momento que expresan; sabíamos que Gendarmería de Chile era flexible con el requisito de la estatura de los postulantes”.

“guarda armonía con la preceptiva constitucional que consagra la autonomía del Ministerio Público y en tal perspectiva no resulta aceptable que un órgano que forma parte de la Administración del Estado -Consejo para la Transparencia- juzgue y eventualmente sancione a dicho organismo”.

«no es necesario realizar una consulta especial a las comunidades indígenas cercanas a la zona si se han cumplido las exigencias que prevé la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, a cuyo amparo pueden aquellas formular sus observaciones».

«(…)no puede estimarse conculcada ninguna garantía constitucional si “no se encuentra acreditado por quien acciona por la presente vía que sea titular de algún derecho de uso o de servidumbre que lo autorice para transitar por el camino objeto de estos autos”.

La sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago acogió dos recursos de protección interpuestos por funcionarios de Ministerio Secretaria General de la Presidencia y del Instituto Nacional del Deporte, a quienes se les puso término anticipado a sus contratas, y dispuso que deben ser reincorporados de inmediato al Servicio hasta el 31 de […]

…no cabe sino “dejar sin efecto el mismo y disponer que se revisen nuevamente los antecedentes fundantes de la solicitud y que se deje constancia formal de los fundamentos de la decisión adoptada en el acta que al efecto se elabore”.

Se vulnera “su derecho de propiedad sobre dicho bien incorporal, su derecho a la enseñanza y derecho de igualdad, por no otorgársele las oportunidades que el Reglamento Académico contempla, recibiendo un tratamiento discriminatorio”.

«(…)no es suficiente la relación de causalidad entre hecho y daño, ya que, precisamente, es necesaria la “falta de servicio” y, por ende, se trata de responsabilidad subjetiva, pues debe demostrarse la culpa del servicio, lo que se logra probando el que tiene el onus probandi de su cargo que el respectivo órgano de la Administración no funcionó o lo hizo imperfectamente, sin que, desde luego, sea menester probar la culpa o dolo de un funcionario determinado».