«(…)esta forma de regulación es plenamente constitucional, en la medida que exista “una apropiada adecuación entre los fines postulados por la ley y los medios que planifica el reglamento para lograrlos. En otras palabras, debe existir una correspondencia entre las obligaciones que la norma impone y los propósitos que la ley quiere alcanzar”.

Una empresa dedujo un recurso de protección en contra del Centro de Mediación y Conciliación Individual de Valparaíso (órgano dependiente de la Dirección del Trabajo), ya que éste último le aplicó una multa por el despido de un trabajador. Aduce el recurrente que el acto impugnado vulnera la garantía constitucional del artículo 19, N° 3, […]

“por el hecho de ser la recurrente estudiante de medicina (…), es dueña de los derechos que emanan de esta calidad, y puede exigir que se le reciba en clases, rendir pruebas, exámenes, etc.”

Un postulante a un cargo público solicitó que el CPLT le ordenara a  la Dirección Nacional del Servicio Civil le proporcionara la información –propia y de otros postulantes-, relativa a los criterios que fundan su calificación final, historia curricular, la descripción de la motivación y el puntaje asignado a cada atributo del perfil correspondiente al […]

“la sola circunstancia que los recurrentes pudiesen haber transitado a través de los terrenos en cuestión no transforma tal conducta en un derecho que grave el inmueble en que se encuentra la vía que motiva este recurso…»

La Corte Suprema estimó que el retiro temporal no constituye la aplicación de una medida disciplinaria sino el ejercicio de una facultad otorgada al Presidente de la República previa proposición del General Director de Carabineros.

La situación se origina luego de que el demandante concurriera al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar por un alza de presión y el médico tratante le informara, días después, que sus exámenes arrojaban que era portador del virus VIH, lo que fue comunicado también a los familiares y cercanos al paciente. Si bien […]

“la impugnación del monto concedido a título de daño moral corresponde a una materia ajena al recurso en estudio, puesto que la regulación del mismo corresponde a una facultad exclusiva de los jueces del fondo(…)”.

La Constitución asegura el debido proceso que, entre otras garantías, tutela a quien sea arrastrado a un juicio -más todavía si éste se verifica en el orden penal-, para que pueda contradecir las pruebas que lo afecten y valerse de aquellas que estime necesarias para su defensa. La posibilidad de aportar pruebas y de controvertir […]

Tales actuaciones, señala el fallo, perturban la integridad “síquica de los educandos en cuanto se realizan sin adoptar las medidas de resguardo que el Código Procesal Penal establece a favor de las personas y que tiene por finalidad garantizar sus derechos procesales”.