El tribunal de alzada declaró arbitraria e ilegal la negativa de la Superintendencia de Seguridad Social al rechazar una licencia médica presentada por la madre de un niño diagnosticado con una grave deficiencia inmunológica.
El presidente Ricardo Blanco, señaló que «esta rebaja implica para el Poder Judicial reducir su presupuesto ya aprobado en la ‘Ley de presupuestos del Sector Público’ correspondiente al año 2025, en un monto global de M$17.395.256 de pesos”.
El máximo tribunal rechazó los recursos de casación presentados por las empresas demandadas, consolidando un fallo que refuerza la responsabilidad solidaria y contractual en casos de negligencia laboral grave.
Carabineros realizó un control de identidad fundado en una denuncia anónima inexistente, que afirmaba que el acusado se encontraba “merodeando” un lugar a bordo de un vehículo, hecho que no se pudo comprobar, por lo que todas las pruebas incriminatorias recabadas por los funcionarios adolecen de ilegalidad y no debieron ser consideradas en juicio.
El acusado fue captado en imágenes lanzando una bomba molotov a un carro policial. El registro fue levantado por funcionarios del OS9 que, en cumplimiento de sus labores preventivas de seguridad y orden público, asistieron de civil a registrar en video los desmanes provocados en una manifestación en el sector de Plaza Italia, en 2021.
El voto en contra considera que los contratos celebrados bajo el artículo 10 del Código Sanitario deben sujetarse al régimen de contratación temporal del Código del Trabajo, y que la renovación sucesiva de contratos a plazo los transforma en indefinidos, debido al incumplimiento de los límites establecidos para los contratos temporales. Argumentó que, a pesar de la emergencia sanitaria, la autoridad sanitaria debía ceñirse a las normativas laborales vigentes.
El SERNAC está legalmente habilitado para denunciar, al amparo de la letra g), del artículo 58, de la Ley N°19.496, los incumplimientos de la misma ley ante los Juzgados de Policía Local y de hacerse parte en las causas respectivas, invocando el interés general de los consumidores.
No existió sensacionalismo en la exhibición del reportaje, ya que no se presentó de forma abusiva ni distorsionada para generar emociones en el público. La transmisión se ajustó a hechos ciertos, con el objetivo de informar sobre nuevas medidas de seguridad en el mercado Lo Valledor, cuando de forma inesperada ocurrió un incidente violento que dejó heridos y pudo tener un desenlace más grave.
Los acusados golpearon en reiteradas oportunidades a la víctima, al creer que recientemente aquella habría cometido un delito en el lugar. La magnitud de la golpiza fue tal, que el ofendido falleció debido a la intensidad de los golpes, los que se concentraron principalmente en su cabeza y tórax.
El requerido se sometió a las reglas del procedimiento simplificado de extradición, y fue puesto inmediatamente a disposición de las autoridades colombianas. En Chile enfrentaba un proceso por cohecho, pero debido a la gravedad del delito cometido en su país natal, la magistratura consideró que debía ser juzgado primero en Colombia.
