Conforme a la presunción de inocencia que ampara al imputado y atendidas las alegaciones de la defensa, el tribunal debía efectuar un ejercicio argumentativo tendiente a explicar por qué la prueba rendida demostraba inequívocamente que en el caso concurrían todos los elementos del tipo penal de robo en lugar destinado a la habitación, lo que no ocurrió.

Para dar inicio al procedimiento administrativo, el querellado presentó al Ministerio de Bienes Nacionales documentos en los que faltó a la verdad en los hechos sustanciales, concretamente, la declaración bajo juramento, suscrita ante notario, de ser el poseedor material del bien raíz, en circunstancias que no lo era.

La sentencia da cuenta de la existencia de una relación comercial entre las partes, cuestión que no fue abordada ni analizada por los sentenciadores del grado e incluso, la misma fue descartada, sin que aquello cuente con una razón suficiente que le de respaldo.

El bien jurídico que la norma protege, como se ha sostenido profusamente por la jurisprudencia, no es otro que el imperio de las resoluciones judiciales y la recta administración de justicia, lo que se enmarca dentro de la potestad de imperio de los tribunales y el deber constitucional de hacer ejecutar lo juzgado.

El Ministerio Público no desplegó un mínimo de actividad probatoria en términos de investigación, para confirmar que aquello incautado correspondiera efectivamente al delito que se pretendía, esto es, tráfico del artículo 4 de la Ley Nº20.000.

El Tribunal Oral no valoró la prueba aportada por la Fiscalía al estimar que derivaba de un control de identidad efectuado fuera del margen legal y que la detención era ilegal. Sin embargo, la jurisprudencia se ha pronunciado que la resolución del Juez de Garantía que se pronunció sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas produce el efecto de cosa juzgada, teniendo en cuenta su naturaleza jurídica de sentencia interlocutoria, pues resuelve sobre un trámite que debe servir de base para el pronunciamiento de una sentencia definitiva.

El recurrente se limita a señalar los párrafos de la sentencia que en su concepto carecerían de razón suficiente y de una posible contradicción, mas no explica con fundamento bastante, porqué estima configurado tal vicio, siendo más bien un problema de valoración de prueba, más que de falta de fundamentación lo que ataca por esta vía el defensor penal.

El tribunal descartó, sin fundamentación suficiente, las lesiones descritas en DAU, cuyo contenido coincidía con los hechos del requerimiento, configurando una vulneración al principio de razón suficiente.

De la sola lectura de las normas denunciadas se advierte la utilización de la conjunción disyuntiva “u”, que importa la alternativa entre una o más opciones; esto es, lo que se sanciona es negarse injustificadamente a someterse a pruebas respiratorias “u” otros exámenes científicos, todos con la misma finalidad: “establecer la presencia de alcohol en el cuerpo.

Si la premisa del recurso es que la regulación introducida en el artículo 456 bis A por la Ley N°20.273 constituye una normativa especial, limitada exclusivamente a la figura de la receptación, es evidente que la antinomia que plantea respecto de lo previsto en el artículo 449 del Código Penal, que también se aplica a esa figura delictiva, exigía incluir expresamente esa disposición dentro del desacato de ilegalidad, refiere el voto en contra.