Ese peso de la droga no resulta ser indiciario de que pueda en su comercialización afectar a un gran número de personas.
Cabe la posibilidad que en tales circunstancias se hayan auto inferido lesiones, generándose, dudas razonables que impiden condenar al acusado.
El viaje no estaba relacionado con las funciones propias de los respectivos cargos ni existía un fin o interés público vinculado a dichas actividades, por lo que asignar y disponer de fondos públicos mediante las autorizaciones respectivas conlleva un detrimento al erario público.
La jurisprudencia ha precisado conceptualmente que lo que se reprocha por esta causal es el exceso sobre el contenido de la acusación y que dicho plus signifique una condena por un tipo distinto del comprendido en la pieza de cargos.
Es un grave atentado contra el principio de legalidad, del principio pro reo y de aquellos que deben regir la hermenéutica de las leyes penales, imponer una pena a un caso no expresamente previsto por la Ley. De forma que se ha efectuado una errónea aplicación del derecho.
La actuación del Tribunal de anular de oficio la resolución que rechazó formalizar al adolescente por un delito distinto al que motiva el control de detención, no sólo es contraria a sus propios actos, sino que deja en la indefensión a la defensa.
El fallo no satisface la exigencia de una motivación completa y suficiente, al introducir elementos no demostrados en juicio para otorgar la credibilidad que otorga al relato de la víctima y consecuentemente que los hechos sucedieran de la manera que se postula en la acusación, como porque tampoco alcanza para excluir razonablemente que los hechos pudieron ocurrir de otra manera.
El tribunal forma su convicción en base a la prueba producida durante el juicio oral y como el acusador no incorporó el bate de madera, ambas partes quedaron en las mismas condiciones, por lo que mal puede sostener la defensa que fue impedido de ejercer las facultades que la ley le otorga.
De haberse aplicado el artículo 75 del Código Penal, la pena correspondiente se habría rebajado en uno o dos grados, por la concurrencia de dos circunstancias atenuantes y ninguna agravante.
La rendición durante el juicio oral de prueba obtenida ilícitamente debió ser impugnada invocando la causal de la letra a) del artículo 373, ya que la recepción de prueba ilícita por el tribunal de juicio oral es, indudablemente, una infracción sustancias de derechos o garantías cometida durante la tramitación del juico, así como la valoración de la prueba ilícita es una infracción cometida en el pronunciamiento de la sentencia.
