Es facultad privativa de los sentenciadores de primer grado el establecimiento de los hechos y su calificación jurídica, en virtud del principio de inmediación, correspondiendo al tribunal ad quem sólo indagar si se ha incurrido en errores de derecho que puedan influir sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

A los acusados no les fue incautada ni balanza digital ni bolsas ni papeles cuadriculados, elementos conocidamente utilizados en el tráfico de drogas a gran escala.

La ofensa al bien jurídico consiste, en este caso, en una puesta en peligro de dicho bien y el peligro es un concepto normativo en la medida en que descansa en un juicio de probabilidad que un determinado bien pueda ser lesionado por el comportamiento realizado, aunque después esa lesión, en los hechos, no se produzca.

No se ha condenado a la acusada dos veces por un mismo hecho, por cuanto no es posible estimar que la posesión de las municiones se encuentre subsumida dentro del porte de arma prohibida.

No existe mención alguna en el recurso respecto a la o las normas legales que el fallo recurrido habría infringido.

El dueño del móvil, fuente primaria de la información y presunto afectado por el ilícito no concurrió a estrados a mantener su imputación, lo que impidió confrontar su relato con la versión alternativa de los hechos que proporcionó el encartado.

Del tenor del artículo 196 de la Ley de Tránsito, luego de las modificaciones de la Ley N°20.580, se desprende que el haber modificado el término “reincidencia” por “segundo y tercer evento”, no significa que diga relación con una situación distinta que impida la aplicación del artículo 104 del Código Penal, por cuanto ello significaría que tales hechos, en lo relativo a la suspensión de la licencia de conducir se tornarían en imprescriptibles, lo que es ajena a nuestro ordenamiento jurídico.

Si una prueba es débil, el grado de confirmación (o probabilidad) que atribuye a la hipótesis, no puede estimarse alto, por más fundada que esté la regla que conecta la prueba con la hipótesis.

La ausencia de antecedentes médicos o peritajes respecto de las autoagresiones o del daño asociado a vulneración de índole sexual, no impide su establecimiento por otros medios idóneos.

No puede excusarse de aplicar la ley, por estricta que parezca, dado que ese tipo de consideraciones obedecen a razones de política criminal, que corresponden al legislador.