El Tribunal debe hacerse cargo, al fundamentar su decisión, de toda la prueba producida incluso de aquella que hubiere desestimado.

Es evidente que la aceptación o admisión de responsabilidad en un juicio oral simplificado es precisa y únicamente de la responsabilidad penal correspondiente, no una aceptación de la pena propiamente tal.

De acuerdo al artículo 76 del Código Penal, si una pena lleva consigo otras por disposición de la ley, corresponde condenar al acusado expresamente con esa pena.

El Tribunal de alzada descartó infracción en la apreciación de la prueba realizada por el tribunal de primera instancia.

No firma una de las juezas, no obstante haber concurrido al juicio y al veredicto, por haber retornado a su tribunal de origen.

No es necesario invocar la aplicación del enfoque de género en la acusación, pues es una obligación para el Tribunal, como agente del estado en el rol de garante de derechos humanos.

No hay elementos de contradicción entre las declaraciones analizadas, los antecedentes documentales y periciales que permiten configuran los hechos y circunstancias que establece la sentenciadora.

El establecimiento de los hechos y la participación en base a prueba indirecta o indiciaria no constituye, sin más, una infracción al principio de la lógica de la no contradicción.

La causal de nulidad de la letra b) del Artículo 373 del Código Procesal Penal se encuentra destinada a conocer infracciones efectuadas a normas sustantivas del derecho penal y no a infracción de normas procesales.

Para otorgar el carácter de muy calificada a una atenuante debe estar establecida con mayores antecedentes de los que ordinariamente se tienen presentes para configurarla, los cuales por su entidad e importancia lleven al tribunal al convencimiento de atribuirle dicha ponderación.