La valoración de la prueba constituye una facultad exclusiva y excluyente del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.
No se advierte contaminación por parte del tribunal en la valoración de la prueba que diga relación con una posición política y social.
Lo que alegó el recurrente es que se ponderen antecedentes o circunstancias que habrían llevado a estimar como muy calificada la atenuante reconocida para rebajar la pena, pero ello no proceden atendida la causal de nulidad invocada por corresponder a otra causal de nulidad, toda vez que mediante la alegada se aceptan los hechos, los cuales no fueron discutidos.
La denunciada incurrió en actos que lesionan el Principio de No Discriminación al establecer distinciones entre los trabajadores de la empresa que adscribieron un pacto de suspensión de relación laboral en virtud de la Ley de Protección al Empleo, además de ejercer presión para su firma.
Resulta paradójico que el tribunal baja un grado y posteriormente aumenta un grado, otorgándole a la agravante de reincidencia específica un efecto que el artículo 449 N°2 no le confiere.
El Tribunal debe hacerse cargo, al fundamentar su decisión, de toda la prueba producida incluso de aquella que hubiere desestimado.
Es evidente que la aceptación o admisión de responsabilidad en un juicio oral simplificado es precisa y únicamente de la responsabilidad penal correspondiente, no una aceptación de la pena propiamente tal.
De acuerdo al artículo 76 del Código Penal, si una pena lleva consigo otras por disposición de la ley, corresponde condenar al acusado expresamente con esa pena.
El Tribunal de alzada descartó infracción en la apreciación de la prueba realizada por el tribunal de primera instancia.
No firma una de las juezas, no obstante haber concurrido al juicio y al veredicto, por haber retornado a su tribunal de origen.
