Las actuaciones de Carabineros realizadas sin autorización particular ni general del Ministerio Público, ni un Tribunal, exceden las facultades excepcionales de actuación autónoma o sin autorización previa previstas en el artículo 83 el Código Procesal Penal.

La valoración de la prueba realizada por el Tribunal fue incompleta, no consideró en plenitud ni con perspectiva de género la prueba encaminada a demostrar el contexto de violencia intrafamiliar habitual y reiterada que sufría la víctima.

El Tribunal de alzada descartó error en la valoración de la prueba en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que ordenó el pago a la demandante de $7.485.911, por concepto de recargo legal del 30 % de la indemnización por años de servicio, y $5.939.813, por el descuento improcedente del aporte del empleador al seguro de cesantía.

No concurren los vicios alegados por la defensa del sentenciado, por lo que no merece reproche la sentencia impugnada.

La Ley N°20.084 sólo permite imponer las medidas o sanciones que dicho texto legal contempla, siendo improcedente la inclusión en el Registro de Condenados y la toma de muestra respectiva al no estar contemplada.

La policía se excedió en sus facultades, al no haberse constatado indicio de la comisión de un delito, ni verificarse una situación de flagrancia que permitiese el actuar autónomo de la policía, contaminándose así, toda la evidencia posterior que deriva de dicha actuación.

La incorporación del documento no fue solicitado ni incorporado por los intervinientes, por lo que la actuación del tribunal excede el ámbito de aplicación del artículo 343 del Código Procesal Penal.

El legislador reguló la posibilidad de acreditar la verdad de las imputaciones proferidas en el marco del ejercicio del derecho de informar y emitir opiniones, lo cual no fue acreditado por el acusado.

La sola entrada de los imputados al establecimiento, tratándose de un lugar que era destinado para la habitación, no es constitutiva de ilícito penal alguno.

Al descubrir que el vehículo controlado tiene encargo por robo, los agentes policiales estaban facultados para la detención del acusado, atendido su deber de supervigilar la Ley del Tránsito.