La defensa sólo plantea discrepancias con la conclusión a que arriban los jueces, conforme la justificación de su razonamiento, y que contiene similares argumentos a los de su teoría del caso.

Si el recurso se construye a partir de antecedentes fácticos diversos de aquellos contenidos en el fallo, la invalidación de la sentencia que se pretende no podrá prosperar.

La sanción accesoria por reincidencia no puede ser más severa, si los delitos de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad fueron cometidos antes de la modificación introducida por la Ley 20.580.

Las impugnaciones incurren en una contradicción manifiesta, ya que no es posible comprender si el error de derecho consiste en no haber interpretado y aplicado certeramente el artículo 141 inciso primero o el artículo 143 del Código Penal.

El pronunciamiento judicial sólo constata una situación preexistente, de manera que la obligación de pagar las cotizaciones de seguridad social se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, sea que se les haya dado esa u otra denominación.

Para regular el tiempo durante el cual debe ser aplicada la agravante de reincidencia, se debe considerar el delito mismo de que se trata y no la pena aplicada en su momento por el ilícito anterior.

No existe una errónea aplicación del derecho que hubiese influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, puesto que el tribunal se hace cargo del dolo como elemento del delito.

El actuar de los funcionarios policiales no puede dar pábulo a un motivo de nulidad si no fue reclamado oportunamente antes de la dictación del fallo.

Es legal el control de identidad, si el sujeto huye al advertir la presencia de policías y, si lo observado por Carabineros concuerda con la descripción de un testigo.

El tribunal de primera instancia descartó la vulneración de derechos fundamentales en la decisión de separar de funciones al ex policía, al considerar que tal medida se tomó en base a antecedentes objetivos y verificables que daban cuenta de faltas a la ética y probidad del funcionario.