No tiene condenas previas y el acusado ha sido requerido por la existencia de tres ilícitos por los cuales fue condenado en un mismo fallo.

Dicha deficiencia, sin lugar a duda, resuelve la Corte de Santiago, ha tenido influencia substancial en lo dispositivo del fallo, toda vez que condujo a dar por establecido los elementos típicos de un delito de hurto en grado de consumado y, en consecuencia, condenar a los acusados como autores del mismo, sin dar razones suficientes que sirvan de sustento válido a tal decisión.

La defensa no logra demostrar de qué forma la valoración de la prueba realizada por los jueces del fondo vulnera los principios rectores de la sana crítica aducidos, en particular, el principio de razón suficiente y de corroboración. En ningún caso la indicación de la ubicación del cuerpo puede configurar una colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos.

No hay transcripción de las declaraciones de la víctima, testigos o peritos, lo que conduce, posteriormente, a una ausencia de valoración del material probatorio de que se valió el Ministerio Público en los términos exigidos en el artículo 297, pero si se consignan en la sentencia las declaraciones que prestó el acusado en la oportunidad procesal prevista en el artículo 326 del Código Procesal Penal.

No procede hacer la distinción entre chilenos o extranjeros avecindados en Chile legalmente y extranjeros que hayan ingresado irregularmente al país.

¿Lo que faltó analizar desvirtúa todo lo demás razonado y argumentado por la sentencia? No lo sabemos, y es ese justo el problema, porque el tribunal no expresó razones en dicho sentido, más allá de lo escuetos argumentos de referencia que otorga cuando menciona a la deponente.

Además, no puede la Corte dictar una sentencia condenatoria de reemplazo por la causal de nulidad de errónea aplicación del derecho, por ser este un recurso de derecho estricto.

De conformidad al principio de non bis in ídem procede dar aplicación a lo que dispone el artículo 75 del Código Penal.

No existe competencia específica para realizar una nueva valoración probatoria y desde ahí obtener nuevas conclusiones fácticas en el sentido que pretende la recurrente. No se divisa en el recurso un reclamo concreto relacionado a los deberes normativos que se imponen a los jueces del a quo, sino que se cuestiona el resultado del proceso valorativo, materia que excede los márgenes de la causal de impugnación elegida.

Resulta especialmente trascendente, pues se trata de un juicio en que debían acreditarse tres ilícitos diferentes cuyas descripciones estaban claramente establecidas en el requerimiento y que se derivaban de la denuncia efectuada por la víctima, de modo que es preciso comprender los elementos que permitieron adoptar distintas decisiones, una de condena y dos de absolución considerando respecto de ambas las declaraciones de los afectados.