El condenado al momento de cometer los hechos no estaba loco o demente, ni con imputabilidad disminuida, pese a que cuenta con una escolarización casi nula, siempre supo y comprendió lo ilícito de su actuar.

No existe prueba biológica que vincule al acusado con la perpetración del ilícito, lo que puede deberse a una alteración del sitio del suceso, pero también cabe la posibilidad a que se deba que no tuvo participación en el hecho y que hayan intervenido terceras personas.

Respecto de la única causal invocada, se aprecia su total falta de fundamentación, dado que no ha señalado la manera en que se habría incurrido en la vulneración del estándar probatorio que exige la ley, que por lo demás no precisa; ni la forma en que se habría infringido el principio de razón suficiente.

Debemos recordar que conforme a la opinión tradicional original y generalizada en nuestra doctrina y jurisprudencia, el fundamento soporte del sistema de acumulación jurídica para delitos de una misma especie que prevé el artículo 351 del código procesal penal se encuentra vinculado fuertemente a la idea de humanidad de las penas.

En procedimiento de tutela de derechos fundamentales, con ocasión del término de la contrata de la actora, la Corte rechazó el arbitrio de nulidad al estimar que no procede calificar nuevamente el mérito de los medios probatorios, ya que a través de esta impugnación no procede una nueva o diversa evaluación de los elementos de acreditación, conforme con la naturaleza de derecho estricto del recurso, desde que no se observan infracciones a la lógica, máximas de la experiencia, ni a los conocimientos científicos o técnicos.

La aplicación de dicha pena accesoria al caso sublite contradice la finalidad del régimen de sanciones de la ley 18.216, en cuanto estas permiten a un sujeto su cumplimiento en libertad, de tal forma de preservar su arraigo laboral como un factor favorable para la prevención de la reincidencia, elemento que precisamente es tomado en cuenta para la procedencia de estas penas sustitutivas.

Sostener lo contrario equivale a transformar el presente arbitrio en un verdadero recurso de apelación.

El juez solo hace un resumen de las alegaciones de las partes en cuanto al quantum de la pena y su forma de cumplimiento, pero no señala el motivo que lleva al tribunal a decidir aplicar la pena.

La valoración de la prueba que hicieron los jueces del tribunal a quo, mediando, por una parte, un análisis serio del contenido de lo declarado por la víctima y por los funcionarios policiales y, por otra, la ponderación de todo el material probatorio incorporado en el juicio en que se incluye la prueba documental, pericial y los otros medios de prueba, permitió una construcción lógica de su razonamiento.

No concurre ninguno de los presupuestos de la legítima defensa contemplados en el artículo 10 N°4 del Código Penal.