Si la información solicitada se encuentra en bases de datos, se cumple con la obligación de transparencia, en la medida que se entreguen esas bases de datos, no siendo obligación del servicio sistematizar la misma conforme la particular solicitud que haga el requirente.

Su estructura y fines van dirigidos a ejecutar una función de servicio público respecto de la cual la Municipalidad está obligada a cumplir, pero que la misma ley, le permite hacerlo indirecta y/o conjuntamente con los privados, como una manera de afianzar, la idea de participación ciudadana.

El órgano Contralor carece de un control discrecional respecto al plazo de caducidad para examinar y finiquitar una cuenta. En caso contrario se trataría de una obligación meramente potestativa de la Contraloría, afectando con ello el espíritu del artículo 96 de la Ley 10.336.

Resolvió que la resolución cuestionada no es de aquellas que hacen procedente el líbelo intentado, toda vez que no pone término al juicio ni hace imposible su continuación, al tenor de lo que prevé el artículo 545 del COT.

Se trata de comunicaciones entre funcionarios públicos en su calidad de tales a través de medios institucionales destinados al efecto y sobre materias relativas al SII, circunstancias suficientes para descartar la expectativa de privacidad que pretende proteger el SII, no configurándose entonces la causal de secreto o reserva invocada por el reclamante.

Los jueces de alzada confirmaron la sentencia recurrida compartiendo sus razones, en razón de la interpretación y valoración que efectuaron de los antecedentes de la causa, y de las disposiciones aplicables, por lo que no se vislumbra falta o abuso grave en la dictación de su pronunciamiento (más bien existe una disconformidad con lo resuelto).

El cómputo de los plazos se rige en esta materia por el artículo 435, inciso tercero del Código del Trabajo, en relación con el artículo 49 del Código Civil, conforme al cual «cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la medianoche en que se termina el último día del plazo».

Los magistrados recurridos revocaron la sentencia dando cuenta latamente de las razones de hecho y derecho de su decisión, lo que no puede importar una falta o abuso grave desde que para resolver la cuestión sometida a su conocimiento interpretaron y valoraron –labor privativa de los jueces- los antecedentes allegados a la causa, así como los preceptos legales atingentes al caso.

La divulgación desincentiva el rol que le corresponde a todo ciudadano en la labor coadyuvante de dicha función. Los datos de los denunciantes anónimos se encuentra protegidos por la causal de reserva del artículo 21, N°1, de la Ley 20.285.

Si bien la Ley de Transparencia es aplicable al Ministerio Público como órgano constitucionalmente autónomo, no se encuentra sujeto a la Fiscalización del CPLT. Ahora, si la Fiscalía niega información a un interesado, este puede interponer reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva en el plazo de 15 días corridos.