El trayecto entre dos lugares de trabajo también se considera accidente del laboral. En tal caso se estima que el incidente dice relación con el trabajo, obra o faena al que se dirigía la persona.
La nueva norma, propuesta por un grupo de diputados y diputadas, pretende mejorar las condiciones de vida de esta población durante todo su ciclo vital.
Aborda materias relacionados a la educación pública, a aspectos laborales de los trabajadores de la educación, a la retención de subvenciones, a la educación superior e inclusión en establecimientos particulares pagados.
Esta nueva extensión se ratificó a través de la aprobación del decreto 362. Aplica para la totalidad de la Región de La Araucanía y para las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.
Con el nuevo organismo se espera aplicar un nuevo modelo de intervención más profesionalizado, con respeto a los derechos humanos de los jóvenes, para lograr su reinserción y evitar la reiteración delictual.
No se podrá condicionar en ningún caso la incorporación, la asistencia y la permanencia de los y las estudiantes a que consuman algún tipo de medicamento para tratar trastornos de conducta, tales como el trastorno por déficit atencional e hiperactividad. El establecimiento deberá otorgar todos los apoyos necesarios para asegurar la plena inclusión de los y las estudiantes.
Conocida como “Ley patente cero días”, introduce modificaciones a la Ley de Tránsito para suprimir el plazo de 5 días existente, hasta ahora, para circular sin la patente definitiva, y multar a las concesionarias que incumplan esta obligación.
La iniciativa promueve y garantiza el cuidado integral de la salud de las personas con fibromialgia y dolores crónicos no oncológicos en búsqueda de mejorar su calidad de vida.
La norma fue originada en una moción de un grupo de diputadas/os y estableció como requisito esencial la mayoría de edad -18 años- para poder celebrar el matrimonio. Esto, en concordancia con otros cuerpos normativos y estándares internacionales.
La ley 21.500, que se encuentra en proceso de redacción de su reglamento, tiene como finalidad que exista un criterio unificado entre las distintas instituciones estatales, para dar más celeridad a la búsqueda de personas extraviadas. Además, establece la obligación de recibir la denuncia y la realización de diligencias dentro de las primeras 24 horas de la denuncia.
