Debe realizarse la denuncia por escrito ante el empleador, el que tendrá un plazo de 30 días para responder en forma fundada y por escrito. Si la respuesta no es satisfactoria, la persona podrá recurrir al procedimiento de tutela de derechos fundamentales de la Justicia Laboral.

Se respaldó por el Senado el informe de la Comisión Mixta que resolvió las divergencias entre ambas Cámaras en torno al proyecto que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura, en materia de espacios de habitabilidad de embarcaciones pesqueras artesanales y embarcaciones menores prestadoras de servicios a la acuicultura.

La iniciativa establece una excepción a la Ley general de pesca, en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura durante el año 2021. Además, la Sala aprobó el informe de la comisión mixta sobre espacios de habitabilidad de embarcaciones pesqueras artesanales.

La iniciativa establece una excepción a la ley general de pesca, en materia de remanente no consumido de cuotas anuales de captura durante el año 2021, para los recursos sardina común y anchoveta, en las regiones de Valparaíso a Los Lagos.

Por medio de una resolución, la Cámara pidió al Ejecutivo mejorar los canales de comunicación para dar a conocer a los pensionados los beneficios estatales a los que pueden acceder.

Establece que el cierre de los establecimientos de comercio y servicios se realice a más tardar a las 19:00 horas, horario dentro del cual se deberán ajustar y respetar las jornadas de trabajo de sus dependientes.

El proyecto proyecto tiene como idea matriz la descentralización efectiva de la administración regional. Si se suprimen esas instituciones las funciones y atribuciones que actualmente desarrollan y ejercen se traspasarían al Gobierno Regional y su autoridad ejecutora, el Gobernador Regional.

Los senadores destacaron los beneficios que traerá el Acuerdo para las micro y pequeñas empresas y los avances en ciberseguridad.

El Senado despachó en enero pasado la iniciativa que incluyó normas para agilizar su proceso de implementación.

Consagra los derechos de las personas con discapacidad psíquica o intelectual y de las personas usuarias de los servicios de salud mental.