La nueva norma previene, investiga y sanciona el acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, y entrará en vigor a partir del 1 de agosto.
Prohíbe la extracción de turba en todo el territorio nacional, por tratarse de humedales reconocidos internacionalmente por actuar como reguladores de la química atmosférica, y ser considerados como una de las mayores fuentes y sumideros de carbono del planeta.
Establece los requisitos mínimos para enfrentar incidentes de ciberseguridad, las atribuciones y obligaciones de los organismos del Estado, los deberes de las instituciones determinadas en la ley, como asimismo los mecanismos de control, supervisión y responsabilidad frente a infracciones.
Se trata de una medida que tiene por objeto revertir la baja en la tasa de recambio de profesores y profesoras que son parte del sistema educacional y la disminución del número de las matrículas de los programas de pedagogía.
Regula la industria de la seguridad privada entendida como el conjunto de actividades o medidas de carácter preventivas, coadyuvantes y complementarias de la seguridad pública, destinadas a la protección de personas, bienes y procesos productivos.
Tras su votación en particular en el Senado, la iniciativa fue despachada por la Cámara de Diputadas y Diputados en su tercer trámite.
El fiscal nacional resolverá las contiendas de competencia entre un fiscal regional y el fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, es decir, cuando ambas autoridades de la Fiscalía se disputen las atribuciones para dirigir determinada investigación.
Aplica a los trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo, con contrato vigente y que tienen una jornada ordinaria de trabajo superior a treinta horas semanales.
Se considera que hay un solo empleador para efectos laborales y previsionales cuando dos o más empresas tienen una dirección laboral común, y cumplen con condiciones como la similitud o necesaria complementariedad de los productos o servicios que elaboren o presten. También se considera que es un solo empleador cuando hay un controlador común.
Si usted quiere ir a la playa con fines turísticos o de pesca, y no existen vías o caminos públicos para poder llegar a ella, los dueños de los terrenos deben facilitar su acceso de forma gratuita. Tal derecho está amparado en el artículo 13 de la Decreto Ley N° 1.939, de 1977.
