Proyecto de ley establece como deber del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia fijar el precio máximo que debe pagar el consumidor por los alimentos y materiales para la conservación y reparación de vivienda durante el estado de catástrofe.
Debido a la inacción del Gobierno es necesario radicar el deber de fijar precios, bajo circunstancias excepcionales, en un órgano autónomo y de carácter técnico.