Además, la Comisión de Deportes comenzó el análisis del proyecto que reconoce el derecho de todas las personas al deporte y a la recreación.

La propuesta, enviada a segundo trámite, está planteada, principalmente, para los pequeños agricultores y comunidades rurales. Así, se les otorga dos años más para la regularización.

La propuesta, revisada por la Comisión de Derechos Humanos, pretende evitar la dependencia de órdenes judiciales para iniciar las pericias en el Servicio Médico legal y ajustar la normativa actual.

La diputada Carla Morales expuso el texto de su autoría ante las y los diputados de la Comisión de Vivienda. El Ejecutivo dio su apoyo a la idea y presentó una indicación sustitutiva sobre la materia.

Esta autorización y declaración no será necesaria en aquellos hechos que constituyeren delitos contra la Probidad o la Función Pública, caso en el cual el Ministerio Público podrá formalizar la investigación sin más trámite si así lo resolviere.

La norma que se debate en la Comisión de Gobierno Interior subraya que el ordenamiento penal, necesariamente, debe reaccionar con herramientas efectivas para asegurar la procedencia legal del dinero destinado a la caución económica y los honorarios de abogados.

La Comisión de Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales aprobó en general una reforma constitucional que apunta a crear la calificación jurídica de «territorios especiales» dentro de los derechos fundamentales de la Constitución.

El proyecto pretende equiparar los derechos de las mujeres convivientes con los que obtienen quienes se encuentran unidas en matrimonio o unión civil.

El Presidente de la República deberá proponer al Senado el nombre del candidato en un plazo no superior a 30 días desde que éste quedare vacante, y el Senado deberá pronunciarse dentro de los 30 días siguientes contados desde que se dé cuenta del oficio del Presidente de la República. Si no se lograre el acuerdo del Senado, será nombrado como Contralor General el Subcontralor por el plazo de 8 años.

La moción propone aumentar a un año el permiso postnatal de la madre (54 semanas), y podrá transferir las últimas 24 semanas al padre o decidir no utilizarlas y reincorporarse a sus funciones.