La Comisión de Constitución sigue con el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales.
El pleno de ministros afirma que el proyecto de ley tiene por objeto fortalecer las capacidades del Estado en la gestión y control de las fronteras, restaurar el orden en materia de migración en el país, así como combatir las redes de tráfico y trata de personas.
La moción busca perfeccionar el actual registro, para facilitar la identificación de las personas y ayudar a su pronta captura.
Históricamente, el sistema de cobro judicial de la pensión de alimentos, ha carecido de mecanismos y sanciones efectivas en contra de los deudores. Esto propició y favoreció una cultura de incumplimiento, lo que ocasionó una grave vulneración en los derechos de miles de Niños, Niñas y Adolescentes.
El proyecto de ley busca modificar al Código Penal y Código Procesal Penal para el establecimiento de un régimen carcelario agravado que establezca la incomunicación total y parcial respecto de quienes sean formalizados y dejados en prisión preventiva o de quienes sean condenados, en ambos casos, por los delitos que la moción indica y que considera de gravedad.
Según explican los autores de la moción, se requiere prorrogar la entrada en vigencia de algunos artículos, “debido a la falta de dictación oportuna del reglamento que debía establecer los procedimientos y requisitos para la implementación de las disposiciones de la ley 21.368”.
A la Agencia se le encomienda velar, promover y evaluar la eficacia y coordinación de las políticas, normas, planes y programas de los órganos de la Administración del Estado, así como promover los instrumentos y las buenas prácticas regulatorias, con el fin de contribuir a aumentar el bien común y las generación de ganancias en productividad.
Esta iniciativa surge del problema que producen las nuevas máquinas de pago táctiles de teclado digital plano, denominadas terminales de punto de venta (TPV o POS), caracterizadas por la inexistencia de botones, imposibilidad de conectar audífonos y establecer un orden aleatorio de los números, lo cual hace imposible el uso autónomo para las personas con discapacidad visual y muchos adultos mayores.
Resulta pertinente reiterar las observaciones que esta Corte Suprema ya manifestó previamente al informar los diversos proyectos que concluyeron en la dictación de Ley N°21.325, destacando que la presente modificación mantiene un vacío en torno a la doble instancia, pues no estatuye un recurso de apelación para impugnar lo que resuelva la Corte de Apelaciones respectiva.
El titular de la SPD aseguró que se ingresó el reglamento de los eventos y espectáculos masivos, el cual plantea un nuevo marco regulatorio para el desempeño de la actividad en todo el país.
