El objeto de la moción es que el personal del ámbito deportivo tenga la obligación de denunciar los delitos contra menores de los que tuvieren conocimiento, tanto durante actividades deportivas como en recintos o instalaciones deportivas.

Durante el debate que se dio en el Senado, los parlamentarios reconocieron que la norma se tramitó contra el tiempo dado que el domingo 12 de mayo, venció la prórroga entregada por la Corte para el cumplimiento del fallo de la tabla de factores de riesgo.

La iniciativa que cumple su segundo trámite y tiene suma urgencia para su trámite debe ser estudiada ahora en particular por la Comisión de Constitución del Senado.

La iniciativa busca aumentar en más de un millón la entrada de turistas extranjeros a Chile por año.

La iniciativa legal somete a los miembros del Consejo de Monumentos Nacionales a lo que dispone la Ley sobre Probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses y, además, los incluye como sujetos pasivos de la Ley de Lobby.

Durante el debate, se destacaron los cambios al Fondo de Apoyo Regional, FAR, y la ampliación del universo de beneficiarios para la renovación de taxis, incluyendo a colectivos, ejecutivos y de turismo.

El proyecto tiene como objetivo la introducción del denominado caso urgente para facultar excepcionalmente al Ministerio Público, bajo hipótesis tasadas y respecto de la investigación de determinados delitos, instruir a las policías la detención de una persona por riesgo de fuga o peligro inminente para la integridad física o vida de la víctima, su familia o testigos de la investigación.

El proyecto busca que los administradores de bienes inmuebles públicos que se encuentren habilitados para la práctica de la actividad física y el deporte, cuenten con mecanismos que permitan facilitar su uso a organizaciones deportivas sin fines de lucro.

Resulta necesario establecer la obligación a quienes operen vuelos de transporte aéreo de pasajeros al interior de nuestro país, el envío de información a los organismos encargados del resguardo de la seguridad pública, con el objeto de coordinar esfuerzos que permitan poner una barrera más a las actividades ilícitas.

Resulta pertinente actualizar la Justicia Militar y adecuarla gradualmente a los estándares internacionales, velando por la protección, promoción y fortalecimiento de los derechos de las personas afectadas, lesionadas o amenazadas en sus derechos -en calidad de víctimas- y de todas aquellas que se vean sometidas -en calidad de imputados- a esta jurisdicción especial.