El derecho a la educación, a desarrollar una actividad económica, el derecho de propiedad, la libertad para difundir las artes y la cultura son algunos de los derechos que la Constitución asegura que el Ejecutivo planteó podrían ser vulnerados por la iniciativa.

También precisa que si el TC “resuelve que uno o más preceptos de un tratado son inconstitucionales, deberá declararlo así por resolución fundada cuyo texto íntegro se remitirá a la Cámara de origen”.

Hoy, los magistrados de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones que concurren a esa elección lo hacen en secreto, lo que no se corresponde –señalan los diputados que patrocinan la moción- con el principio de publicidad y transparencia que la reforma constitucional de 2005 incorporó en el artículo 8 de la Carta Fundamental.

Su justificación está en el reconocimiento que debe corresponderle al Congreso Nacional en la formación de las leyes, puesto que actualmente en la promulgación de una ley sólo participa el Presidente de la República. La promulgación de las leyes originadas en una moción parlamentaria –lo aprobó la Comisión respectiva de la Cámara de Diputados- podrá […]

La iniciativa también propone que tanto la creación de las asignaciones parlamentarias, como su monto y reajustabilidad, quede determinado en los reglamentos de cada Cámara y su administración se haga en forma centralizada por los órganos internos de cada rama legislativa.

La iniciativa, patrocinada por los diputados Ascencio, Ceroni, Chahuán, Díaz, Escobar, Girardi, Jiménez, Ojeda y Tarud, agrega a la Ley Nº 18.700, sobre Votaciones Populares y Escrutinios, una norma que señala que “solo podrán inscribirse los candidatos que hubieren sido declarados electos en las respectivas elecciones primarias”, y que si dos o más partidos integraren un mismo pacto electoral, “sólo podrán inscribir un candidato electo del mismo modo”.

La moción señala que con la finalidad de “cautelar la debida legitimidad con la que un partido político influye en la conducción del Estado” debe consagrarse un “mecanismo democrático para la conformación del Consejo General”, y un “sistema de primarias obligatorias internas para la selección de todos los candidatos a cargos de elección popular”.

Señalan que no existe ninguna razón para distinguir entre las inhabilidades que deban afectar a los jueces que integran el Poder Judicial de aquellas otras que deban aplicarse a los magistrados del TC.

La moción expone que “los sectores políticos han decidido innovar en sus estrategias comunicacionales” y que en la campaña municipal pasada “han presentando al candidato con slogans de campaña optimistas y algo repetitivos, con prescindencia de su filiación política o del pacto que lo apoya”.

En el caso de los partidos políticos que no hubieren participado en la elección anterior, tendrán derecho a recibir una cantidad igual a la que le corresponde al partido que hubiere obtenido el menor número de sufragios.