Proyecto que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores para prohibir las llamadas telefónicas publicitarias de proveedores sin voluntad del consumidor se analizará por la Comisión de Economía.
El proyecto, en segundo trámite, propone multas de más de 66 millones de pesos, de no existir “consentimiento expreso” para recibir llamados telefónicos o mensajería instantánea con objetivos publicitarios de proveedores; además, se incluye regulación ante cobranzas.