La incorporación de los planes de conectividad en las políticas públicas, guardan estrecha relación con la necesidad de proveer a los habitantes de las zonas aisladas, servicios públicos de calidad, acordes con la dignidad de las personas y que generen respuestas a desafíos y necesidades.

Queda en evidencia la baja participación en las primarias, en relación con el padrón auditado del Servicio Electoral. Mientras que la participación en las elecciones internas de los Partidos Políticos también está en general bastante lejos de los respectivos padrones.

El problema de la concentración de atribuciones de gobierno judicial en la Corte Suprema, y específicamente, la necesidad de reformar el sistema de nombramiento de jueces ha sido un tema recurrente en el debate político y académico debido a los potenciales, que han dado lugar a cuestionamientos a la independencia y probidad de la judicatura.

Los actos, rituales o ceremonias nacionales, nunca deben ceder ante aquellos que intentan empañar y deshonrar las actividades que nos constituyen como Estado-Nación.

La ciudadanía exige una actitud resuelta, por parte de las diversas instituciones del Estado, entre ellas el Poder Legislativo, para consolidar altos estándares que forjen una mejor prevención ante eventuales actos de corrupción.

Es usual observar a diario las solicitudes de bingos, lotas, rifas realizadas por personas que se ven expuestas a una enfermedad poco común y de alto valor con prestaciones que la salud pública no está en condición es de otorgar.

Si en tiempo récord se logró una solución a la medida para las Isapres, que no son más que meras instituciones, ¿no se debiese, con mayor razón, buscar una solución de pago que se acomode a las necesidades de los deudores, que no son instituciones sin rostros, sino que seres humanos?.

Los casos de indultos otorgados para los presos del estallido social y los otorgados a reos condenados por delitos de lesa humanidad, son evidencia clara de que esta facultad es discrecional y que puede ser mal utilizada, ante esto surge el desafío de contar con una legislación moderna donde si la decisión es tomada por criterios humanitarios, sea general y no particular.

El propósito de la reforma constitucional consiste en avanzar hacia una propuesta que mejore el sistema de nombramiento de magistrados, manteniendo el principio de “frenos y contrapesos” tan característico de nuestro sistema democrático, pero sosteniendo firmemente la idea de respetar la carrera judicial, la transparencia, la probidad y la formación técnico profesional de nuestros magistrados.

El rol activo que debe desplegar el Estado para la mantención de la seguridad de la población y el orden público, es fundamental, por cuanto la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, son conductas reprochables que impiden el ejercicio de varios derechos de la persona.