El requirente estimó vulnerados sus derechos fundamentales a la libre expresión e información, y a participar en la vida cultural y a la identidad cultural.
La Corte consideró que el Estado denunciado no demostró haber adoptado medidas específicas, ni actuó con la debida diligencia, para prevenir la forma contemporánea de esclavitud.
El Intergrupo LGTBI del Parlamento Europeo ha saludado el informe como un texto “exhaustivo”.
La Corte IDH concluyó ordenando al Estado peruano a diversas medidas de reparación, entre otras, continuar y concluir la investigación en curso por los hechos de tortura sufridos.
El Presidente de la Corte ha fijado el 31 de marzo de 2017 como plazo límite para la presentación de las observaciones escritas.
La Magistratura Interamericana señaló que destaca los esfuerzos que el Estado de Nicaragua está realizando para cumplimentar las medidas dispuestas.
«El comportamiento de la demandante en el presente caso ha sido contrario a la vocación del derecho de recurso individual».
La demandante fue la jueza Zeynep Mercan, de 30 años, arrestada el 17 de julio del presente en Giresun, ubicado al noreste de Turquía, y en detención provisional desde entonces.
La CIDH determinó que la víctima no contó con un acceso a la justicia en condiciones de igualdad.
Tras la declaración de inconstitucionalidad el Estado no podrá legalmente marcar determinadas personas como inadaptadas sociales que no son dignas de protección.
