Hasta ahora, la propuesta que fue patrocinada por el Ejecutivo, propone un Plan Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes, Raras o Huérfanas, una Comisión Técnica Asesora, un listado de estas enfermedades y un registro nacional de pacientes.
El proyecto, en segundo trámite, propone multas de más de 66 millones de pesos, de no existir “consentimiento expreso” para recibir llamados telefónicos o mensajería instantánea con objetivos publicitarios de proveedores; además, se incluye regulación ante cobranzas.
En las sesiones también se ha hecho presente la necesidad de precisar el gasto en sicología y siquiatría, potenciar los hospitales de día y los hogares protegidos, incorporar materias de la siquiatría forense, y generar incentivos para que los siquiatras atiendan en modalidad de libre elección.
La Sala del Senado ratificó gran parte de los cambios que le introdujo la Cámara de Diputados a la iniciativa que forma parte de la agenda priorizada de seguridad.
Se establece un plazo de 2 años desde la publicación de esta ley para que los dispositivos de telefonía móvil se comercialicen conforme a la presente normativa.
La iniciativa modifica el DLF N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, para eliminar las enfermedades o condiciones preexistentes de que trata su artículo 190, las discriminaciones por edad y sexo, tanto para la afiliación a las ISAPRES como para restricciones o exclusiones de beneficios dentro de los planes complementarios de salud, y crea un plan común de salud para las personas afiliadas a esas instituciones.
Luego que la Cámara de Diputados dio lugar a las acusaciones constitucionales, le corresponde al Senado pronunciarse como jurado a partir de este martes 15 de octubre.
Actualmente establece sanciones únicamente para quienes resulten positivos en el test, pero no para los que se nieguen a someterse al control, lo que afecta la transparencia y la legitimidad de las instituciones. Por ello se hace necesario establecer que si algún diputado o diputada se niega al test de control de consumo de drogas se le aplicará la misma sanción que se impone a quienes arrojen positivo en dicho examen, esto es, autorizar el levantamiento del secreto bancario.
La iniciativa sostiene que se hace necesario levantar información fidedigna que permita comparar las diferencias sociales entre cada persona afectada por la prisión preventiva porque no existiría un método expedito para realizar dicha investigación y definir los criterios no discriminatorios para su aplicación
La propuesta fijó el 12 de mayo como fecha, en homenaje a Francisca Sandoval, quien se dedicaba al periodismo comunitario en la Señal 3 La Victoria y que murió al recibir un disparo, cubriendo el día del Trabajador el 2022.
