La instancia recibió a las autoridades del Ejecutivo, del Ministerio Público y de la Defensoría Penal Pública para conocer sus opiniones sobre los puntos en controversia.
Senadores rechazaron en forma transversal que “se trate de deslizar que los pagos irrisorios a los afiliados es culpa del Congreso, cuando es el gobierno el que tiene la iniciativa exclusiva en la seguridad social y cuando fue el Consejo Consultivo y la Superintendencia los que visaron los planes de ajuste y pago”.
Moción de la diputada Erika Olivera (DEM) surge a partir del caso de la menor Jacinta González, de cinco meses de edad, que falleció tras un accidente ocasionado por un conductor de 80 años que padecía cáncer en etapa IV y perdió el control del vehículo.
El mensaje del Ejecutivo, que considera varias medidas para avanzar a la carbono neutralidad, se respaldó en forma unánime.
Con un ajuste del gasto inicial y diversos acuerdos en materia de salud, educación y rendición de cuentas, el Congreso concluyó esta semana, el trámite legislativo del erario para el próximo año. No obstante, se reiteraron algunas reservas de constitucionalidad sobre algunos de sus aspectos.
La Comisión de Seguridad Ciudadana aprobó en particular y despachó a la Sala la iniciativa que introduce agravantes a nuestro ordenamiento penal en esta materia.
Destaca la aprobación del cambio del sistema de multifondos por fondos generacionales, y la limitación a las comisiones de intermediación. En las próximas sesiones se siguirán votando los puntos pendientes del acuerdo.
La Comisión de Gobierno Interior culminó la votación del proyecto que busca fortalecer las competencias de la Subsecretaría del Interior y mejorar la ejecución de las expulsiones administrativas.
La moción parlamentaria, aprobada en la Comisión de Economía, busca proteger los derechos de los consumidores.
La moción persigue establecer que la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos no es sólo un deber de abstención o de no injerencia en ellos, sino que corresponde a la adopción de determinadas acciones que permitan al particular identificar las posibilidades de vulneraciones que pueda cometer, expresar su compromiso de adoptar medidas que supriman o disminuyan esos riesgos y evaluar periódicamente esas medidas.
