Agrega que el establecimiento de un número fijo de diputados en la Constitución, entorpece el diseño que el legislador puede hacer de un sistema electoral más representativo, pues éste puede significar un aumento de la cifra que la Constitución establece, haciendo inviable una modificación meramente legal que no fuera acompañada de una enmienda a la Carta Fundamental.

Quedó claro que no es imperativo que la formación de estas asociaciones diera lugar siempre a la constitución de personas jurídicas, pues es perfectamente posible que los municipios constituyan asociaciones de carácter transitorio, es decir, uniones que obedezcan a situaciones puramente circunstanciales, las que una vez superadas, carecen de razón de ser.

El Mensaje señala que es de público conocimiento la crisis económica que actualmente afecta al mundo entero y que también ha impactado a nuestro país, por lo que un feriado legal adicional supone un importante golpe a la economía nacional generando pérdidas por millones de dólares.

El establecimiento de un gobierno menos presidencialista, la modificación del sistema binominal, la compatibilidad entre el cargo de ministro y parlamentario, son algunos de los temas discutidos en el seno de esa Comisión.

En tanto, al genocidio se lo define como todo acto ejecutado con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, en su calidad de tal.

La enmienda sustituye el inciso primero del artículo 15, para establecer que “En las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario”.

La moción, patrocinada por los diputados Accorsi, Aguiló, Enríquez-Ominami, Espinosa, Farías, Jiménez, Sule y Súnico, propone eliminar el Nº 7 del citado artículo 57, para permitir a los dirigentes sindicales ser candidatos a diputado o senador.

Estiman que con ello se vulnera el principio de igualdad y de inocencia, pues las condiciones que en algún momento autorizaron la formación de causa respecto del parlamentario se modifican sustancialmente luego de ser absueltos por un Tribunal de la Republica que conoció y falló en derecho sobre la imputación penal de que fueron objeto.

Por ello propone reestructurar su planta adecuándola a las actividades y controles que el perfeccionamiento del sistema electoral y político le demanda, facultándose al Presidente de la República para que a través de un decreto con fuerza de ley fije la nueva planta del Servicio con sujeción a las pautas que en ella se especifican.

Es el involucramiento en un delito grave y no la pena que se imponga lo que debe primar, porque estamos hablando de cargos públicos, señala la moción.