La derogación de esta exigencia fue solicitada en un procedimiento iniciado por Entel en agosto de 2024 y, a juicio de la FNE, esta medida resulta justificada desde un punto de vista normativo y positiva para la competencia y los consumidores.
El Fiscal Nacional Económico es abogado de la Universidad de Chile (2007), Máster en Derecho (LL.M.) de la Universidad de Harvard (2010) y Máster en Regulación y Competencia (LL.M.) de la Universidad de Nueva York (2011).
La FNE presentó requerimiento ante el TDLC contra el Laboratorio Biosano S.A. mediante el cual le imputa haber incumplido la obligación que le fue impuesta en la Sentencia N° 165/2018, referida a un programa de cumplimiento en materia de libre competencia por el plazo de cinco años.
Se concluye finalmente el proceso seguido –en sede de libre competencia- en contra de las coludidas empresas productoras de carne de pollo por afectación al interés difuso de los consumidores nacionales.
Los demandantes no pudieron acreditar ilícitos a la libre competencia. Además la tolerancia del fiscalizador administrativo sectorial y la pasividad legislativa son circunstancias que no pueden ser imputadas a los demandados.
En su acusación, la FNE señaló que “la conducta de las requeridas ha afectado una actividad que puede poner en riesgo la vida de las personas y es particularmente relevante para el cuidado medioambiental y la preservación del patrimonio forestal de nuestro país”.
Se trata de prestaciones que son adicionales a aquellas comprendidas en el servicio público que incluye producción de agua potable para servicio público de distribución, la distribución de este insumo y la recolección y disposición de aguas servidas.
Las empresas se comprometieron a pagar dinero a las instituciones de beneficencia sin fines de lucro por los daños causados a los consumidores nacionales. Agrusuper a desembolsar $19.541.697.242 y Don Pollo a transferir $2.431.689.000.
En diversos países ya se han iniciado investigaciones o causas en contra de estas empresas estadounidenses.
La Fiscalía le pidió a la Convención que mantenga y profundice tres principios de rango constitucional: autonomía, transparencia y objetividad.
En la práctica, ello se traduciría en mayores precios en los planes de salud de actuales o de nuevos afiliados y/o afectaría la calidad de dichos planes en términos del otorgamiento de una menor cobertura efectiva o en la calidad de servicio que brinda la Isapre, sin que las partes hayan ofrecido medidas de mitigación capaces de compensar los riesgos derivados de la transacción.
