El Tribunal determinó que las eventuales ilegalidades e incompatibilidad territorial del proyecto por ubicarse en una Área de Preservación Ecológica, de acuerdo con lo señalado en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS), alegadas por los reclamantes, no existen.

Además, la medida provisional ordena al titular cuantificar el volumen de material que fue conducido hasta la piscina de emergencia y el que se extendió aguas abajo por la quebrada de Quilmenco; realizar monitoreo de calidad de aguas superficiales y subterráneas; y entregar la caracterización físico-química del líquido lixiviado asociado al incidente; entre otras medidas.

Esta semana, fiscalizadores de la Superintendencia del Medio Ambiente realizaron una inspección en terreno, luego de que ingresaran denuncias contra el proyecto que se encuentra ejecutando obras de despeje de vegetación, y otros, en terrenos ubicados al interior del humedal.

El reclamante solicitó al Tercer Tribunal Ambiental que declare la ilegalidad de la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente y ordene a la autoridad ambiental que absuelva a la empresa.

El Tribunal determinó llevar a cabo las audiencias consecutivas, pues existe una relación entre ambas causas, específicamente respecto del cargo N° 8, formulado en el procedimiento sancionatorio contra Enap, y la metodología de medición de las emisiones de la Refinería Aconcagua establecida por la SMA.

La reclamante Sociedad China Xuan busca dejar sin efecto la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente que impuso una multa de 5,1 Unidades Tributarias Anuales por infracción a la Norma de Emisión de Ruido.

• La medida se fundamenta en los hechos ocurridos el jueves 13 de junio a las 20:00 horas cuando, por las precipitaciones que afectaron a la zona central, la acumulación de aguas lluvia superó el nivel de coronamiento del muro de contención del proyecto, generando un socavón. Producto de lo anterior, se generaron escurrimientos hacia la quebrada Rincón del Chinchorro.

“El Tribunal concluye que la resolución reclamada si bien incurrió en un vicio de legalidad, al desestimar la legitimación activa de la solicitante de invalidación, dicho vicio no fue esencial, teniendo presente que de todas maneras se pronunció sobre las alegaciones planteadas”, razona la sentencia.

El Tribunal concluyó que se configuraron todos los elementos de la responsabilidad por daño ambiental y el demandado deberá implementar medidas de reparación.

El Tribunal explica que el hecho que hayan transcurrido aproximadamente catorce meses entre la fiscalización y la notificación de la formulación de cargos (marzo 2022- mayo de 2023) “no permite modificar el análisis ni la conclusión de la SMA plasmada en la resolución reclamada sobre la eficacia de las medidas propuestas en el PdC por el titular, en términos de tornarla ilegal”.