La medida, que cuenta con la autorización del Ilustre Primer Tribunal Ambiental, tiene relación con la suspensión transitoria de ejecutar actividades de desmantelamiento del roquerío N°3.

En la audiencia, las comunidades indígenas que presentaron la reclamación en la causa R-31-2023, se refirieron a los vicios y defectos que, a su juicio, tuvo el procedimiento de participación ciudadana; indicando además que se omitió un proceso de consulta indígena y que existiría una errada determinación del área de influencia del proyecto y por lo tanto de sus impactos.

Este procedimiento sancionatorio tiene como origen cinco denuncias ciudadanas relacionadas, principalmente, a la emisión de material particulado (MP) provenientes desde la chimenea de la planta durante el periodo de Gestión de Episodios Críticos (GEC) que rige para el Plan de Descontaminación Atmosférica (PPDA) vigente para las comunas de Concepción Metropolitano.

La SMA había cursado una infracción por ruidos molestos de 25 Unidades Tributarias Anuales al Pub Restaurante Latitud Sur, en la ciudad de Concepción.

“El Tribunal luego del análisis contenido en la parte considerativa de esta sentencia, ha arribado a la conclusión de que no se verifica un vicio de legalidad en el acto reclamado atribuible a falta de motivación, así como tampoco por infracción del principio de coordinación, que pudieran fundar una invalidación del mismo”, dice el fallo.

Los reportes incluyen la estimación de la producción a la fecha y su evaluación según el límite máximo que tienen autorizado. El objetivo de estos reportes es que los titulares implementen acciones preventivas para evitar exceder el límite máximo de producción autorizado en su RCA, al finalizar el ciclo productivo.

Los sentenciadores concluyen que la resolución reclamada, al rechazar las solicitudes de invalidación y exigir el retiro del asbesto como parte de la obligación solidaria de saneamiento, se encuentra conforme a derecho, puesto que, atendida su naturaleza, no puede entenderse esta obligación desligada de aquélla. De esta forma, no habiendo incurrido la referida resolución en ilegalidad alguna, la reclamación será rechazada en todas sus partes.

La iniciativa, que comenzó su discusión en la Cámara Baja en marzo de 2024, considera ocho mejoras a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, con el objetivo de dar un mayor cumplimiento a la normativa ambiental.

Se trata de un sector especialmente complejo, dado que existe un gran número de extracciones que se encuentra fuera de la institucionalidad ambiental; sus intervenciones se caracterizan por la rapidez de las mismas; y por la afectación que generan a componentes del suelo, biodiversidad y/o salud de las personas (ruido y material particulado).    

El Tribunal fue desechando las alegaciones de los reclamantes vinculadas a: una eventual ilegalidad pues el proyecto se habría iniciado antes de obtener la RCA favorable, una deficiencia en la evaluación por presencia de efectos del asbesto, una inadecuada ponderación del riesgo a la salud por emisiones de material particulado (MP10) y el eventual incumplimiento del compromiso ambiental voluntario por parte de la empresa, entre otros aspectos.