Se trata de tres cargos graves por, entre otros, haber implementado y operado de forma deficiente el sistema de intercepción de infiltraciones e inyección de agua. El proyecto se encuentra ubicado en la comuna de Nogales, Región de Valparaíso y corresponde a un establecimiento industrial minero a rajo abierto para la extracción y procesamiento de cobre.

Durante la audiencia, los reclamantes se refirieron a que el titular debió considerar la normativa aplicable a Humedales Urbanos, dado que el proyecto ingresó a evaluación ambiental cuando ya se encontraba vigente la Ley de Humedales Urbanos.

La ministra Godoy explicó que esta medida para mejor resolver fue ordenada por el Tribunal, luego de realizar la audiencia de alegatos de la causa, con objeto de recorrer la zona para contrastar los hechos o circunstancias controvertidas y formase una convicción.

El Tribunal sostuvo que la decisión de la SMA, de poner término al procedimiento de requerimiento de ingreso, se encuentra debidamente fundamentada.

Las medidas provisionales pre procedimentales se dictan luego de constatar en una actividad de fiscalización y, posterior análisis de información, que las mediciones de potencia sonora realizadas por A&M en una actividad fiscalizada -vinculada a la construcción de la línea 7 del Metro de Santiago-, fueron realizadas con un instrumental inadecuado, y sin la debida observancia de la normativa técnica correspondiente.

Proyecto cuenta con una inversión estimada de 12 millones de dólares y tiene como objetivo reemplazar el uso de carbón por un 100% de biomasa como combustible.

Los reclamantes acudieron al Tribunal luego que la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazó los reclamos administrativos que habían interpuesto en contra de la RCA que aprobó el proyecto Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas

Las postulaciones se recibirán hasta el próximo 24 de noviembre.

El Tribunal consideró que la calificación ambiental favorable del proyecto no se hizo conforme a la normativa vigente y, en consecuencia, la anuló, manteniéndose la decisión original de la Comisión de Evaluación de la Región del Biobío, previa al recurso de reclamación administrativo presentado por la empresa.

Los reclamantes alegan que respuestas entregadas por el SEA a sus observaciones respecto de ruido, corte de vías alternativas, reasentamiento de grupos humanos y sociales, paisaje y la necesidad de evaluar el proyecto vía Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no como Declaración de Impacto Ambiental (DIA) como se llevó a cabo, no son completas ni precisas.