La obra del autor da cuenta de un abordaje práctico y concreto de los tipos penales recientemente creados, con análisis orientados a facilitar la comprensión y aplicación práctica de ellos por operadores jurídicos del sector privado, así como por jueces de garantía y de Tribunales Orales en lo Penal, defensores y fiscales del Ministerio Público.

Según sostiene el CDE en su acción judicial, el “obrar dañoso de la empresa y sus representantes legales afectó y continúa afectando el Humedal de Puente Negro y el ecosistema asociado, en particular para la avifauna, y más específicamente para la Becacina putada, clasificada según su estado de conservación “En Peligro”, y cuya presencia es particularmente relevante en el humedal.

La actividad reunió a gran parte de los países miembros de la red que tiene como objetivo establecer una coordinación regional en materia de fiscalización y cumplimiento ambiental.

La Municipalidad de San Antonio, en tanto, deberá dictar una ordenanza general que contenga los criterios para la protección, conservación y preservación de los humedales urbanos ubicados total o parcialmente, dentro de los límites de su comuna, que incluya al Humedal Sistema de Lagunas de Llolleo Ojos de Mar. Para lo cual seguirá los lineamientos establecidos en el Reglamento de la Ley N°21.202 sobre humedales urbanos.

Las medidas contempladas en el acuerdo están asociadas a la recuperación del acuífero y bofedal Lagunillas, así como a la compensación de componentes ambientales y servicios ecosistémicos del lugar.

El procedimiento sancionatorio, que culminó con la multa antes indicada, se originó luego de una denuncia por ruidos molestos contra las faenas de construcción del edificio “Alonso Camargo” y tras una fiscalización ambiental que registró una excedencia -durante horario diurno- a la norma de emisión de ruidos.

La compañía minera reclama por multa de 10.000 UTA aplicada por la Superintendencia del Medio Ambiente por no cesar las extracciones de agua y dañar Las Vegas de Tilopozo.

Cabe recordar que, en octubre de 2020, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)N formuló cargos en contra de Establecimientos de Turismo Aquelarre Ltda. por la ejecución de un proyecto de extracción industrial de áridos en el Fundo Santa Margarita, comuna El Tabo, sin contar con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.

En base a un informe derivado por SERNAGEOMIN a la SMA, que analizó diversas materias asociadas al evento de subsidencia, relevando grietas que podrían afectar la estabilidad de la Mina Alcaparrosa.

La resolución del Tribunal Ambiental explica que -según lo informado por la SMA- se visualiza la inminencia de un eventual peligro al constatar que ya se han generado acciones de retiro de vegetación respecto de 77 torres sin contar con la aprobación del Plan de rescate y relocalización por la autoridad competente.