Se constituye en la Superintendencia del Medio Ambiente para recabar antecedentes.
Detectó un vicio de legalidad de carácter esencial en el análisis y determinación de la superficie que se intervendrá realizada por el ente fiscalizador.
Tras la aprobación del Segundo Tribunal Ambiental, la Superintendencia ordenó la renovación por 30 días de la Medida Urgente y Transitoria que fue indicada en agosto, en atención al riesgo que supone al medioambiente la construcción del proyecto “Nueva Línea 2×220 Nueva Alto Melipilla-Nueva Casablanca- La Pólvora-Agua Santa”, que considera la instalación de 110,8 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica.
En sus alegaciones finales, la abogada demandante, Paulin Silva, hizo alusión a la responsabilidad del Estado y a la falta de políticas públicas. Dijo que “no es normal convivir con vertederos ilegales, no es normal convivir con incendios, ni con basura en la calle” y aseguró que los hechos demandados “son la punta del iceberg”.
El Segundo Tribunal Ambiental rechazó la reclamación interpuesta por la empresa constructora en contra del procedimiento sancionatorio por infracción a la norma de ruido que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) llevó a cabo a faena de construcción de un edificio en la comuna de Santiago. “En conclusión, conforme a lo expuesto en esta sentencia, […]
El proyecto consiste en un proceso de transición energética que tiene por objeto cambiar la generación eléctrica en base a carbón por generación eléctrica en base a gas natural y como respaldo, a petróleo diésel.
El Tribunal estimó que la actuación de la SMA no infringió los principios del derecho administrativo pues, el ente fiscalizador “justificó debidamente las razones para no haber considerado las infracciones que dieron origen al procedimiento de clausura en un mismo procedimiento, sumado a que no era posible la acumulación de ambos procedimientos sancionatorios al encontrarse estos en etapas procedimentales diferentes”.
Con el juramento de los ministros, el Primer Tribunal Ambiental queda integrado por la ministra presidenta, Sandra Álvarez; el ministro en ciencias Marcelo Hernández y el ministro suplente abogado, Alamiro Alfaro.
Marcela Godoy es abogada de la Universidad de Antofagasta y posee un máster en Ciencias del Medio Ambiente, especialidad en Diagnosis Ambiental, de la Universidad de Barcelona. Además, posee un magíster en Derecho, con mención Derecho del Trabajo de la Universidad de Antofagasta, y diversos diplomados en las áreas de derecho y gestión, entre otros estudios. A la fecha de su juramento se desempeñaba como como relatora del Primer Tribunal Ambiental.
El ministro explica que las actas de inspección al proyecto desarrolladas por la SMA dan cuenta del surgimiento de especies geófitas en áreas ya intervenidas, respecto de las cuales la resolución de calificación ambiental que aprobó la iniciativa establece una serie de condiciones a ejecutarse previo al inicio de la fase de construcción del proyecto.
