La sentencia anula la Resolución del Ministerio del Medio Ambiente que declaró el humedal, en lo relativo a la afectación de los predios de los reclamantes, conservándose en lo demás la declaratoria.

La sentencia desechó, una a una, las alegaciones a través de las cuales la industria automotriz chilena buscaba dejar sin efecto el Decreto Supremo N°8 del Ministerio del Medio Ambiente, que establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas a neumáticos.

“Como ha quedado demostrado en la sentencia, el estatuto jurídico de los humedales urbanos comprende tanto a los naturales como a los artificiales, sin que exista diferencia alguna a este respecto”, puntualiza el fallo para luego detallar que “la Ley N° 21.202 y su reglamento entregan idéntico grado de protección tanto a los humedales urbanos naturales como artificiales, constando, además, que el Humedal Urbano Estero Agua Salada tiene un carácter natural”, por lo tanto lo que corresponde es el rechazo de la reclamación.

El tribunal rechazó la objeción a la medida cautelar presentada por la compañía minera debido a las implicancias del socavón de Tierra Amarilla.

Luego de analizar los antecedentes de la causa, la sentencia concluye que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) no justificó adecuadamente que la iniciativa inmobiliaria no generará efectos en sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, específicamente asociados a potenciales impactos viales.

La iniciativa, de 12,6 millones de dólares, pretende optimizar y sanear la gestión de aguas subterráneas y superficiales dentro del terreno donde opera la faena La Coipa.

El fallo considera la reparación del daño ambiental producido en el Humedal Angachilla y el cese de toda actividad de disposición de tierra, materiales o residuos, y de relleno, secado o drenaje, que se desarrolle en el humedal, sin los permisos respectivos.

Tras realizar la evaluación anual de las emisiones máximas permitidas para la instalación, se concluyó que la refinería sobrepasó los límites establecidos para Material Particulado y SO2, para el año 2022.

La sentencia ordena al Ministerio del Medio Ambiente pronunciarse sobre los vértices de la cuenca Antiñir y sobre los predios de las empresas que no habían sido considerados en la superficie original del humedal urbano.

El proyecto consiste en un proceso de transición energética que tiene por objeto cambiar la generación eléctrica en base a carbón por generación eléctrica en base a gas natural y como respaldo, a petróleo diésel. Contempla una inversión estimada de US$50 millones y dos fases: la construcción, que comenzaría en octubre del año 2023 y la operación que comenzaría en julio de 2025.