Judicatura concluyó que ente fiscalizador decidió correctamente rechazar el programa de cumplimiento de la empresa y reanudar procedimiento sancionatorio por infracción a la norma de ruidos.

Estos sentenciadores concluyen que no se configura la ilegalidad pretendida por el reclamante, toda vez que los proyectos inmobiliarios que se emplazan en una zona saturada o latente se encuentran comprendidos en el artículo 10 de la Ley N° 19.300 en relación con el artículo 3° letra h) del artículo 3° del Reglamento del SEIA. 

Con esta obra de acceso libre, el tribunal busca fortalecer su aporte al acceso a la información en materia ambiental, promoviendo la reflexión sobre los retos que enfrenta esta judicatura. La publicación tiene como objetivo ofrecer conocimiento especializado, permitiendo tanto a la ciudadanía como a especialistas del área profundizar en el funcionamiento y evolución de la justicia ambiental en Chile.

El evento internacional fue concebido con el objetivo de intercambiar ideas y experiencias en diversas materias relativas a la justicia ambiental, tales como su estado actual, su importancia creciente y las tendencias respecto de los modelos judiciales llamados a su aplicación. Además de relevar el aporte del análisis técnico-científico en la resolución de los conflictos socio ambientales.

La Superintendencia del Medio Ambiente recibió dos denuncias ciudadanas asociadas a ruidos provenientes de la sede Los Leones, ubicada en la comuna de Providencia. Por esta razón, y de acuerdo a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, el titular arriesga una multa de hasta 1.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de $799 millones.

La controversia había sido planteada por un grupo de propietarios de predios vinculados al nuevo santuario, quienes sostenían -entre otros argumentos- que esta declaratoria era ilegal pues se había efectuado bajo la vigencia de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Ley N°21.600). Dicho cuerpo legal eliminó la categoría de Santuario de la Naturaleza y su procedimiento de declaración.

El fallo ordena a la SMA dictar una nueva resolución sancionatoria, que considere los aspectos planteados por el Tribunal en su decisión.

El objetivo de estos reportes es que los titulares implementen acciones preventivas para evitar exceder el límite máximo de producción autorizado en su RCA, al finalizar el ciclo productivo.

El Tribunal consideró que la SMA actuó conforme a sus atribuciones al rechazar el Programa de Cumplimiento (PdC), el que no cumplía con el criterio de eficacia.

En el escrito presentado ante el tribunal, los reclamantes sostienen que se omitió evaluar los impactos acumulativos que podría generar el proyecto Alba, ya que no se habría considerado la suma de impactos provocados por la operación histórica de la Central Angamos, como tampoco los de otros proyectos emplazados en la comuna.