Las medidas se sustentan en diversas denuncias realizadas por organismos sectoriales y ciudadanas, las que alertaron a la SMA del derrame de lodos, ocurrido la madrugada del 29 de octubre, incidente que no fue reportado de manera oportuna a las plataformas de la SMA.

La actora asocia los fuertes dolores de cabeza, dolores de estómago, cólicos, náuseas, vómitos y problemas respiratorios, sufridos por ella y su familia, a la presencia de desechos y basura enterrada bajo el inmueble.

Los reclamantes alegan, principalmente, que el proyecto no es una modificación de otro proyecto, sino que uno nuevo y debió ser evaluado como tal. Así, el proyecto ha ingresado como un supuesto traslado del “Proyecto 2”, pero en la realidad no se pretende lo que indica.

El CDE señala que las fiscalizaciones de las autoridades ambientales y sectoriales permitieron establecer que la demandada no mantuvo las condiciones de seguridad apropiada en el Centro de Engorda de Salmones.

La Comunidad solicita al Tribunal que acoja la demanda, declarando que la empresa, durante la etapa de construcción del proyecto Plan de expansión Chile LT 2X500 Kv Cardones-Polpaico, habría ocasionado un “daño ambiental al ecosistema de la reserva mundial de la Biósfera La Campana- Peñuelas.

El proyecto considera la construcción y habilitación de un total de 411 unidades habitacionales en una superficie de 14,9 hectáreas junto a su respectiva urbanización.

El proyecto busca construir un área de asolamiento y habilitar un embarcadero para la acogida de pasajeros. Su construcción contempla una superficie de 741 metros cuadrados en el borde del La Villarrica, en un sector de La Poza al sur este del lago.

El Proyecto considera la construcción y habilitación de un total de 411 unidades habitacionales en una superficie de 14,9 hectáreas junto a su respectiva urbanización.

La reclamante arguye que la resolución que impugna, vulnera los derechos de los pueblos indígenas garantizados en tratados internacionales sobre DD.HH, que imponen la exigencia mínima de consulta en el caso que la implementación de un proyecto pueda afectar tierra y recursos naturales de propiedad indígena.

La reclamante llegó al Tribunal luego que el Comité de Ministros rechazara la reclamación administrativa que presentó en contra de la resolución que aprobó ambientalmente dicho proyecto.