La demanda señala que no se ha dado cumplimiento a la legislación ambiental vigente, especialmente el DS N° 90/2000 de la SEGPRES que fija la norma de emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marítimas y continentales superficiales.

La resolución señala que, pendiente el pronunciamiento de fondo es razonable atender a un criterio de prevención que informa la legislación ambiental y con ello resguardar un interés ambiental jurídicamente tutelado.

El proyecto reclamado contempla el depósito de los estériles (minerales de baja ley) en 87,3 hectáreas adicionales, lo que representa una capacidad extra de 86 millones de toneladas; además el tratamiento de la superficie de rodado de los caminos internos de la faena y la extensión de zonas intramuros del campamento de la minera.

El Tribunal no advierte ilegalidad alguna en la resolución impugnada y que significó confirmar el pronunciamiento favorable del proyecto en tanto establece que éste no generará una alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de la zona.

Las infracciones fueron clasificadas como leves, y se sustentan porque los titulares de fuentes fijas (calderas) no contaban con las mediciones de material particulado (MP), informe que permite acreditar el cumplimiento ambiental de los límites de emisión establecido en el Plan de Prevención y Descontaminación. Y en uno de los casos, por la comercialización de venta de leña húmeda sobre el 25% regulado.

Debido a la extensión territorial de las obras y la determinación del Tribunal de visitar detalladamente los distintos puntos establecidos en la causa, los ministros decidieron llevar a cabo una segunda jornada de visita inspectiva, la que será notificada en los próximos días.

Las infracciones fueron clasificadas como leves, y se sustentan porque los titulares de caldera no contaban con las mediciones de material particulado.

La municipalidad tiene un plazo de 30 días para ejecutar la medida, a contar desde la notificación de la resolución del Tribunal. La auditoría deberá ser realizada por una Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental, debidamente registrada ante la Superintendencia del Medio Ambiente.

Los reclamantes alegan que el proyecto adolece de falta de información esencial, toda vez que durante el procedimiento de evaluación del proyecto se han producido omisiones e irregularidades en la definición del Área de Influencia para el Medio Humano y Pueblos Indígenas.

La presentación señala que, se han remitido varias denuncias a la SMA, sobre la realización de eventuales obras no autorizadas en el cauce del río.