La instancia acordó escuchar a la Ministra del Medio Ambiente, a los académicos y al Ministerio Público.
Cabe recordar que las reclamaciones fueron rechazadas, porque, en definitiva, los reclamantes carecían de acción para recurrir ante el Tribunal Ambiental.
La comunidad reclamante alega que, la resolución que impugna, vulnera los derechos de los pueblos indígenas garantizados en tratados internacionales sobre derechos humanos que nuestro país ha firmado y que se encuentran vigentes.
El Tribunal confirió traslado a la empresa ESSAL S.A. para que realice sus observaciones y descargos respecto del informe evacuado.
Los demandantes arguyen que no cabe duda alguna que en el sector donde se emplaza el proyecto, esto es, un banco de machas, ha generado un impacto ambiental y daños al medio ambiente especialmente a los recursos bentónicos del lugar, producto de la instalación del cable FOS 5G.
Los reclamantes alegan que la resolución reclamada en autos, no consideró los posibles efectos en la salud, como consecuencia del material particulado y los gases generados por las obras y actividades.
Se ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público, para que investigue una eventual configuración del delito de desacato, por parte de la empresa titular del Proyecto.
El compostaje es una actividad industrial, por lo que se requiere que sea ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
La acción deducida se encuentra admitida a trámite por el Tercer Tribunal Ambiental; otorgando a la parte reclamada el plazo de 10 días para informar.
En la resolución se estima que, los antecedentes constituyen presunción grave de la existencia de una afectación a la cohesión social de la comunidad, la que se manifiesta en una tensión latente y un sentimiento compartido de desconfianza.
