Esto, tras constatar incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en la resolución de calificación ambiental; junto con ejecutar proyectos y desarrollar actividades sin contar con el permiso ambiental respectivo; e incumplir una instrucción general de esta Superintendencia

La demanda, que fue admitida a trámite por el Primer Tribunal Ambiental, se fundamenta en lo que sería un “grave y significativo daño ambiental” debido a las omisiones en que habrían incurrido distintos organismos públicos en la gestión de depósitos de metales pesados que datan de la década de los 80.

El Tribunal determinó que el objeto de la controversia era el alcance de la exigencia de someter una o las dos actividades a evaluación ambiental. Es decir, si lo que debía ingresar al SEIA era únicamente la actividad extractiva de áridos o el proyecto en su conjunto, incluyendo la planta de áridos de Minera Rosario.

Esto, luego de constatar que la empresa cuprífera no ejecutó medidas ambientales vinculadas al tranque Talabre.

Tras constatar en actividades de fiscalización ambiental que el proyecto de crianza de animales con fines productivos no cuenta con una Resolución de Calificación Ambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente inició el procedimiento por una posible elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

El abogado de la compañía subrayó que la declaración es ilegal debido a que fue dictada sin ajustarse a la normativa vigente.

La actividad, denominada “Litio. Regulación y proyecciones”, se llevará a cabo el jueves 22 de agosto en Antofagasta y se transmitirá vía Zoom.

La reclamación, presentada por la minera en contra del Ministerio del Medio Ambiente y otros ministerios, se basa en una supuesta ilegalidad del decreto que declaró el área protegida, argumentando que fue dictado después de la publicación de la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y en una eventual infracción a las normas de participación ciudadana.

Según el fallo, la resolución reclamada no vulneró los derechos a la participación en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

La propuesta de Programa de Cumplimiento (PDC), en el marco del procedimiento sancionatorio iniciado en abril de 2022, no cumplió con los criterios de integridad ni eficacia exigidos por la normativa aplicable.