De común acuerdo, las partes presentaron una propuesta para llegar a una conciliación, la que solicitaron sea aprobada por el Tercer Tribunal Ambiental.
El Tribunal consideró que el rechazo del Programa de Cumplimiento por parte de la SMA se ajustó a derecho ya que no cumplía con los criterios de integridad y eficacia.
Se trata del proyecto “Concesión Marítima Astilleros Vergara”, ubicado en el sector de Chinquihue, el cuál comprende actividades de construcción y reparación de artefactos navales bajo techo para ser llevados a flote, posteriormente, y efectuar las terminaciones interiores para su puesta en operación.
El titular modificó sustantivamente la extensión, magnitud y duración de los impactos ambientales del proyecto, al relocalizar sus instalaciones en un sitio fuera de lo autorizado en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
La medida fue ordenada debido a que la empresa no ha implementado las obligaciones establecidas en su Resolución de Calificación Ambiental, respecto al cierre perimetral de las piscinas y disuasores de sonido para especies de avifauna.
En un total de cuatro jornadas se realizaron las audiencias de conciliación, pruebas y alegatos en demanda por daño ambiental interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado en contra de dos inmobiliarias en la zona costera de Valdivia.
A través de este documento, se definen las reglas para la certificación de luminarias y proyectores en el marco de la Norma de Emisión de Luminosidad Artificial.
“A juicio del Tribunal, no se configura en este caso el requisito basal para efectuar un requerimiento de ingreso al SEIA, a saber, la existencia de un proyecto, toda vez que el proyecto de titularidad de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda estaba asociado al convenio suscrito con la Fundación Circular, el cual -desde 2021- no está vigente. De esta forma, la SMA, al efectuar, mediante la resolución reclamada, el requerimiento de ingreso sin existir proyecto incurrió en una ilegalidad, al vulnerar el artículo 3° literal i) de la LOSMA”, concluye la sentencia.
Esto, tras constatar incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en la resolución de calificación ambiental; junto con ejecutar proyectos y desarrollar actividades sin contar con el permiso ambiental respectivo; e incumplir una instrucción general de esta Superintendencia
La demanda, que fue admitida a trámite por el Primer Tribunal Ambiental, se fundamenta en lo que sería un “grave y significativo daño ambiental” debido a las omisiones en que habrían incurrido distintos organismos públicos en la gestión de depósitos de metales pesados que datan de la década de los 80.
