El procedimiento sancionatorio se inició con motivo de una fiscalización realizada por la Seremi de Salud, en la que detectó un conjunto de incumplimientos graves asociados a la salud de los trabajadores de RECIMAR y la comunidad adyacente (Villa Kamac Mayu, Teletón de Calama y Comunidades Indígenas de Yaquincha), decretando la medida sanitaria de prohibición de funcionamiento.

Los programas de cumplimiento o “PdC” consisten en un plan de acciones y metas que presenta un titular infractor ante la SMA con el objetivo de cumplir nuevamente con la normativa ambiental

Las parte demandante, demandada y terceros coadyuvantes, que en este caso son el CDE, la compañía minera, además, de la Comunidad de Peine y Consejo de Pueblos Atacameños, manifestaron su intención de avanzar en el proceso.

Los demandantes arguyen que no cabe duda alguna que en el sector donde se emplaza el proyecto, esto es, un banco de machas, ha generado un impacto ambiental y daños al medio ambiente especialmente a los recursos bentónicos del lugar, producto de la instalación del cable FOS 5G.

El proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, SEIA, mediante un Estudio de Impacto Ambiental, EIA, y fue calificado favorablemente por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Atacama por medio de la Resolución Exenta Nº65 de fecha 13 de junio de 2019.

El Tribunal se aclaró que no le corresponde ajustar el valor de la multa sancionada porque es una potestad privativa del órgano administrativo.

La reclamación alega como daño ambiental, causado por la Compañía Minera, la pérdida del componente hídrico, esto es, la disminución de la cantidad física de agua que está presente en el acuífero del río Copiapó

El Departamento de Operaciones Subacuáticas y la Brigada de Delitos Económicos y Medio Ambientales, Bidema, de la Policía de Investigaciones realizaron, el martes 22 de diciembre , la diligencia solicitada por el Primer Tribunal Ambiental en el marco de la demanda por un posible daño ambiental producido en la Playa El Lápiz de La Serena, […]

La Bidema de la Policía de Investigaciones deberá realizar inspección submarina para determinar la presencia del cable y tomar muestras de los recursos marinos.

El reclamante señala que, a inicios de este año, la SMA dispuso la suspensión genérica de los procesos sancionatorios a la fecha, en atención al contexto dado por la pandemia de COVID-19. No obstante, sin ser debidamente notificado de la reapertura del procedimiento, se le notificó el 18 de noviembre, la resolución sancionatoria que impugna.