Pobladores cuestionan la resolución del SEA que aprueba el proyecto. Los vecinos argumentan que la evaluación de impacto ambiental presentó diversos vicios de legalidad y que no se consideraron debidamente sus observaciones ciudadanas.  

La actividad se efectuará el viernes 4 de octubre en Antofagasta y contará con la participación de diversos especialistas.

En la resolución se ordena oficiar a la Conaf, SAG y Seremi de Medio Ambiente, todos de la Región de Arica y Parinacota, para fiscalización del cumplimiento de la medida cautelar.

La demanda, que fue admitida a trámite por el Primer Tribunal Ambiental, se fundamenta en lo que sería un “grave y significativo daño ambiental” debido a las omisiones en que habrían incurrido distintos organismos públicos en la gestión de depósitos de metales pesados que datan de la década de los 80.

El abogado de la compañía subrayó que la declaración es ilegal debido a que fue dictada sin ajustarse a la normativa vigente.

La actividad, denominada “Litio. Regulación y proyecciones”, se llevará a cabo el jueves 22 de agosto en Antofagasta y se transmitirá vía Zoom.

La reclamación, presentada por la minera en contra del Ministerio del Medio Ambiente y otros ministerios, se basa en una supuesta ilegalidad del decreto que declaró el área protegida, argumentando que fue dictado después de la publicación de la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y en una eventual infracción a las normas de participación ciudadana.

Engie Energía Chile S.A deberá reparar el daño ambiental ocasionado a través de nueve acciones determinadas por el tribunal.

El fundamento de la sentencia del máximo tribunal tiene relación con cuestiones formales, ya que ese tipo de recursos solo pueden ser presentados cuando se trata de impugnar una resolución definitiva. En este caso, no habría ocurrido porque la decisión del tribunal está relacionada con un procedimiento sancionatorio llevado adelante por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), el que aún no finaliza.

En la conciliación se acordó el desistimiento de estos recursos, con los cuales los pescadores buscaban revertir la decisión del tribunal que mantenía la aprobación del proyecto de modernización del Puerto de Coquimbo.