Los reclamantes alegan que respuestas entregadas por el SEA a sus observaciones respecto de ruido, corte de vías alternativas, reasentamiento de grupos humanos y sociales, paisaje y la necesidad de evaluar el proyecto vía Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no como Declaración de Impacto Ambiental (DIA) como se llevó a cabo, no son completas ni precisas.

Judicatura concluyó que ente fiscalizador decidió correctamente rechazar el programa de cumplimiento de la empresa y reanudar procedimiento sancionatorio por infracción a la norma de ruidos.

Estos sentenciadores concluyen que no se configura la ilegalidad pretendida por el reclamante, toda vez que los proyectos inmobiliarios que se emplazan en una zona saturada o latente se encuentran comprendidos en el artículo 10 de la Ley N° 19.300 en relación con el artículo 3° letra h) del artículo 3° del Reglamento del SEIA. 

El evento internacional fue concebido con el objetivo de intercambiar ideas y experiencias en diversas materias relativas a la justicia ambiental, tales como su estado actual, su importancia creciente y las tendencias respecto de los modelos judiciales llamados a su aplicación. Además de relevar el aporte del análisis técnico-científico en la resolución de los conflictos socio ambientales.

La controversia había sido planteada por un grupo de propietarios de predios vinculados al nuevo santuario, quienes sostenían -entre otros argumentos- que esta declaratoria era ilegal pues se había efectuado bajo la vigencia de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Ley N°21.600). Dicho cuerpo legal eliminó la categoría de Santuario de la Naturaleza y su procedimiento de declaración.

El fallo ordena a la SMA dictar una nueva resolución sancionatoria, que considere los aspectos planteados por el Tribunal en su decisión.

El fallo ordena a la SMA dictar una nueva resolución sancionatoria, que considere los aspectos planteados por el Tribunal en su decisión, los cuales están asociados a una errónea configuración de las infracciones; las razones que llevaron al incumplimiento de los plazos para el cierre definitivo del relleno sanitario por parte del titular; la consideración del informe que descartaba riesgos en la construcción de taludes para la determinación de la sanción específica; y el formato utilizado por la empresa para llevar el control y registro de los residuos.

A juicio del Tribunal, no se configura en este caso el requisito basal para efectuar un requerimiento de ingreso al SEIA, a saber, la existencia de un proyecto, toda vez que el proyecto de titularidad de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda estaba asociado al convenio suscrito con la Fundación Circular, el cual -desde 2021- no está vigente.

“El Tribunal en su revisión y análisis ha establecido que las observaciones del proceso de participación ciudadana, inserto en la evaluación ambiental del proyecto “Planta Solar La Greda”, se han considerado debidamente, a través del correcto descarte de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 letras c), e) y f) de la Ley N° 19.300, fundamentos técnicos que además han sido recogidos en la RCA del proyecto”, explica la sentencia.

“A juicio del Tribunal, no se configura en este caso el requisito basal para efectuar un requerimiento de ingreso al SEIA, a saber, la existencia de un proyecto, toda vez que el proyecto de titularidad de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda estaba asociado al convenio suscrito con la Fundación Circular, el cual -desde 2021- no está vigente. De esta forma, la SMA, al efectuar, mediante la resolución reclamada, el requerimiento de ingreso sin existir proyecto incurrió en una ilegalidad, al vulnerar el artículo 3° literal i) de la LOSMA”, concluye la sentencia.