La empresa presentó el programa de cumplimiento luego que la SMA le formulara un cargo calificado como gravísimo por la ejecución del proyecto “Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa” en el área protegida Santuario de la Naturaleza “Campo Dunar de la Punta de Concón” y afectación de duna adyacente, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental que lo aprobara.

Alega que la resolución de inadmisibilidad recurrida tuvo como único fundamento la falta de legitimación activa del municipio, la que sí concurre en la especie conforme a lo dispuesto en la Constitución, en la Ley N° 19.300 y a lo sostenido por la jurisprudencia de la Corte Suprema.

El Comité de Ministros, al confirmar la resolución que calificó favorablemente el proyecto lo hizo sin considerar las observaciones ciudadanas sobre contaminación de napas subterráneas destinadas al consumo humano, entre otros riesgos.

“Que, de todo lo razonado en esta sentencia, a juicio del Tribunal no consta ilegalidad alguna en el procedimiento de evaluación ambiental del proyecto ‘Terrazas del Valle’ ni en las Resoluciones Exentas N° 105/2020 y N° 307/2020, razón por la cual la reclamación será rechazada”, dice la sentencia.

La empresa minera se comprometió a ejecutar 7 medidas que cumplen con los criterios para asegurar la indemnidad de la reparación de daño ambiental ocasionado.

El proyecto hidroeléctrico Alto Maipo comprende a dos centrales de pasada dispuestas en serie hidráulica en el sector alto del río Maipo: Alfalfal II y Las Lajas, en la comuna de San José de Maipo.

El proyecto Puerto Cruz Grande consiste en la construcción y operación de un puerto minero por parte de la Compañía Minera del Pacífico S.A., en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo.

En el análisis de los nuevos antecedentes presentados, el Tribunal concluyó que la naturaleza de la medida de revegetación contenida en la acción N°4 del programa de cumplimiento refundido, busca hacerse cargo de los efectos que podrían haberse generado con ocasión de la infracción.

Judicatura especializada ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental complementar evaluación del riesgo asociado a la falla de San Ramón en base a estudios geológicos recientes y con la participación de las entidades públicas competentes.

Las reclamaciones fueron presentadas por la EPV, así como por agrupaciones y personas naturales que participaron del proceso de evaluación ambiental del proyecto TCVAL y están asociados a dos resoluciones de la autoridad ambiental.